Del fracaso del socialismo a la conquista de la cultura

El derrumbe del socialismo real no puso fin a su influencia política.
La disputa se trasladó a la cultura, las instituciones y el Estado, cuyas consecuencias siguen condicionando a las democracias liberales.
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellanos

Del fracaso económico a la transformación ideológica
El balance histórico del socialismo aplicado durante el siglo XX constituye una de las experiencias políticas, económicas y humanas más costosas de la modernidad.
Lejos de concretar las promesas de igualdad, prosperidad y emancipación, los regímenes inspirados en la planificación centralizada produjeron estancamiento económico, concentración del poder y un deterioro sistemático de las libertades individuales.
La eliminación de la propiedad privada, la supresión del sistema de precios y la sustitución del mercado por la planificación burocrática destruyeron los mecanismos que permiten coordinar la producción y asignar eficientemente los recursos.
Allí donde ese modelo fue implantado aparecieron, con distinta intensidad, el desabastecimiento, la caída de la productividad, la pobreza estructural y el aislamiento económico.
Para sostener un sistema incapaz de generar prosperidad fue necesario expandir simultáneamente el aparato coercitivo del Estado.
La represión política dejó de ser una consecuencia accidental para transformarse en una condición de supervivencia del propio régimen.
Las hambrunas inducidas por decisiones políticas, las purgas, los campos de concentración y la persecución de la disidencia conforman uno de los registros históricos más documentados del siglo XX.
El fracaso económico del socialismo no significó, sin embargo, la desaparición de sus fundamentos ideológicos.
Obligó a reformular su estrategia.
La revolución dejó de buscar el poder y comenzó a disputar la cultura
La inviabilidad del modelo soviético obligó al marxismo occidental a revisar sus métodos.
La contribución de Antonio Gramsci marcó ese punto de inflexión.
Su planteo sostenía que ninguna revolución podía consolidarse únicamente mediante el control del aparato estatal.
El verdadero poder residía también en la capacidad de moldear las creencias, los valores y el sentido común de la sociedad.
La hegemonía cultural pasó entonces a ocupar el lugar que antes había tenido la confrontación revolucionaria.
La estrategia dejó de privilegiar la insurrección para concentrarse en una lenta ocupación de las instituciones donde se forman las ideas.
La educación.
La universidad.
Los medios de comunicación.
Los sindicatos.
Las organizaciones culturales.
Las editoriales.
La producción académica.
El objetivo dejó de ser conquistar primero el Estado.
El objetivo pasó a ser transformar previamente la cultura para que el cambio político apareciera como una consecuencia natural.
La disputa por las ideas sustituyó a la disputa por las armas.
La batalla por el sentido común
Desde esa perspectiva, el éxito político dejó de depender exclusivamente de ganar elecciones.
Comenzó a depender de modificar aquello que una sociedad considera moralmente aceptable.
Las categorías tradicionales de libertad individual, responsabilidad personal, mérito, propiedad privada y economía de mercado comenzaron a ser reinterpretadas como expresiones de relaciones estructurales de dominación.
En sentido inverso, la expansión del Estado adquirió una creciente legitimidad moral como instrumento permanente de reparación social.
La discusión dejó de ser exclusivamente económica.
Se convirtió en una disputa cultural.
Las políticas públicas comenzaron a justificarse menos por sus resultados y más por las intenciones que declaraban perseguir.
La legitimidad del discurso reemplazó progresivamente a la evaluación de sus consecuencias.
La expansión silenciosa del estatismo
Esta transformación produjo efectos que trascienden a los gobiernos y a los partidos políticos.
La influencia cultural termina condicionando el funcionamiento de las propias instituciones republicanas.
La iniciativa privada pasa a ser observada con sospecha.
El beneficio económico comienza a confundirse con privilegio.
El éxito individual pierde reconocimiento social.
La dependencia del Estado adquiere creciente legitimidad.
La expansión burocrática deja de ser presentada como un costo para convertirse en un símbolo de justicia.
El ciudadano deja gradualmente de ser considerado protagonista de su propio desarrollo para transformarse en beneficiario permanente de políticas públicas.
Cuando esa lógica se consolida, la libertad deja de entenderse como autonomía.
Pasa a identificarse con la capacidad del Estado para satisfacer demandas crecientes.
Uruguay como expresión de una crisis de gobernanza
Desde esta perspectiva, la situación del Uruguay no puede analizarse únicamente mediante indicadores económicos o resultados electorales.
Existe un componente cultural e institucional que condiciona la capacidad del país para adaptarse a las transformaciones del siglo XXI.
Durante décadas se consolidó una visión del Estado como principal organizador de la vida económica y social.
La expansión permanente de funciones públicas terminó desplazando el debate sobre la productividad, la competitividad y la creación de riqueza.
El corporativismo pasó a ocupar un lugar central en la definición de las políticas públicas.
La preservación de intereses sectoriales comenzó a prevalecer sobre las reformas orientadas al interés general.
La consecuencia fue una creciente rigidez institucional.
El Estado aumentó su tamaño mientras disminuía su capacidad para responder con eficacia a las nuevas demandas de la sociedad.
Una economía diseñada para conservar privilegios
La economía uruguaya continúa condicionada por un entramado regulatorio que privilegia la preservación del statu quo por encima de la innovación.
La presión tributaria, el elevado costo país y la complejidad normativa reducen la capacidad de competir en un mercado cada vez más abierto y dinámico.
La resistencia a revisar estructuras burocráticas y regímenes corporativos ha postergado reformas necesarias en materia tributaria, laboral, previsional y comercial.
La prioridad dejó de ser generar riqueza.
La prioridad pasó a ser administrar su redistribución.
Ese cambio de enfoque terminó debilitando la inversión, la productividad y la creación de empleo privado.
Una economía que protege permanentemente sectores improductivos termina castigando a quienes producen, innovan y asumen riesgos.
Ningún país puede sostener indefinidamente un sistema donde el crecimiento del gasto supera de forma persistente la capacidad de generar riqueza.
La educación como primera víctima
La educación constituye el principal instrumento de movilidad social en una democracia liberal.
Cuando la calidad deja de ocupar el centro del sistema educativo, toda la estructura de oportunidades comienza a deteriorarse.
La resistencia a evaluar resultados, premiar el mérito e introducir innovaciones pedagógicas consolidó un modelo crecientemente corporativo.
La defensa del sistema pasó a confundirse con la defensa de quienes administran el sistema.
El resultado fue una pérdida progresiva de calidad.
Generaciones enteras ingresan hoy al mercado laboral con competencias inferiores a las que exige una economía basada en el conocimiento.
La igualdad de oportunidades deja de construirse cuando la excelencia educativa deja de ser una prioridad nacional.
Seguridad, autoridad y Estado de derecho
La seguridad pública constituye la manifestación más visible de la autoridad legítima del Estado.
Cuando el cumplimiento de la ley pierde eficacia, también se deteriora la confianza en las instituciones.
La expansión de interpretaciones que reducen el delito exclusivamente a sus causas sociales debilitó progresivamente el principio de responsabilidad individual.
La protección de las víctimas comenzó a perder espacio frente a una visión crecientemente garantista del sistema penal.
La consecuencia fue una percepción creciente de impunidad.
Ninguna democracia puede consolidarse cuando amplios sectores de la población perciben que el Estado renuncia al ejercicio efectivo de su autoridad.
La defensa de los derechos individuales comienza por garantizar el cumplimiento de la ley para todos.
La revolución tecnológica desafía al Estado tradicional
El cambio más profundo, sin embargo, no proviene de la política.
Proviene de la tecnología.
La inteligencia artificial, la automatización y los sistemas autónomos están modificando simultáneamente la producción, el empleo, el comercio y la organización de las empresas.
La creación de valor depende cada vez menos del trabajo físico y cada vez más del conocimiento, los datos y la capacidad de innovar.
Mientras esta transformación avanza a velocidad exponencial, buena parte del aparato estatal continúa funcionando bajo la lógica administrativa del siglo pasado.
La distancia entre ambos mundos aumenta año tras año.
Por primera vez en la historia, una parte creciente de las tareas productivas dejará de ser realizada por personas.
Los nuevos agentes económicos ya no serán exclusivamente trabajadores humanos.
Serán también algoritmos capaces de producir, decidir y generar valor sin incorporarse al mercado laboral tradicional.
Ese cambio cuestiona los fundamentos sobre los cuales fueron construidos los sistemas tributarios, previsionales y de protección social.
La pregunta decisiva deja entonces de ser económica.
Pasa a ser civilizatoria.
¿Quién financiará el Estado cuando una parte sustancial de la riqueza deje de originarse en el trabajo humano gravado por impuestos?
Conclusión
El colapso económico del socialismo no significó el fracaso definitivo de sus ideas.
Significó el abandono de una estrategia y el nacimiento de otra.
La revolución dejó de buscar el poder mediante la confrontación directa para intentar alcanzarlo a través de la transformación gradual de la cultura y de las instituciones.
Ese desplazamiento explica por qué muchas ideas desacreditadas por su desempeño económico continúan conservando una notable capacidad de influencia política.
La discusión contemporánea ya no enfrenta únicamente dos modelos económicos.
Enfrenta dos concepciones opuestas acerca de la libertad, del papel del Estado y de la responsabilidad individual.
Mientras una privilegia la expansión permanente del poder público como instrumento de organización social, la otra sostiene que la prosperidad y la libertad dependen de instituciones capaces de limitar ese poder y proteger la autonomía de las personas.
Uruguay participa de esa discusión en un momento excepcional de la historia.
El cambio tecnológico más profundo desde la Revolución Industrial coincide con un modelo institucional que muestra crecientes dificultades para adaptarse a una economía cada vez más abierta, digital y automatizada.
La cuestión ya no consiste únicamente en reformar el Estado.
Consiste en redefinir su función en una economía donde la creación de riqueza dejará de depender exclusivamente del trabajo humano.
Persistir en categorías concebidas para el siglo pasado puede resultar tan costoso como ignorar, en su momento, las lecciones que dejó el fracaso del socialismo real.
La verdadera discusión del siglo XXI no será entre izquierda y derecha.
Será entre sociedades capaces de adaptarse al cambio y sociedades que intenten administrar el futuro con instituciones diseñadas para un mundo que ya desapareció.

Fracaso del socialismo real
Hegemonía cultural y Estado
Cambio tecnológico y libertad

Continuar leyendo en Orden Global y Geopolítica