La estabilidad institucional puede ocultar un proceso de declive cuando las élites priorizan la preservación de privilegios sobre la competencia, la innovación y la libertad económica.
LA PAZ DEL CEMENTERIO
Notas sobre la comodidad, el estancamiento y la paciencia uruguaya
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano
Hay algo profundamente anestésico en la forma en que resolvemos nuestros destinos por estos pagos.
No hay estridencias de cuartel, no hay colapsos repentinos que despierten a las multitudes en mitad de la noche, ni se escuchan las sirenas de una catástrofe económica inminente.
Todo ocurre en una penumbra educada, bajo un cielo plomizo y con la invariable certeza de que, pase lo que pase, el ómnibus pasará a su hora —aunque tarde un poco— y el café en la esquina mantendrá su ritual tibio.
Vivimos en el reino de la mesura, en esa comarca donde el exceso es mal visto y la ambición desmedida se castiga con el escrutinio de la sospecha vecinal.
Sin embargo, cuando uno levanta la mirada de la superficie mansa y se atreve a contrastar el espejo nacional con los barómetros globales más exigentes —como ese Índice de Calidad de las Élites (EQx) que desde la fría y lúcida St. Gallen audita el pulso profundo del planeta—, la postal bucólica empieza a resquebrajarse.
Descubrimos entonces que nuestra proverbial moderación no es necesariamente una virtud republicana, sino la coartada perfecta de un sistema que ha perfeccionado el arte de gestionar el declive sin hacer demasiado ruido.
El consuelo de los mediocres y el espejo del vecino
Durante décadas, los orientales hemos cultivado un deporte tan inofensivo como inservible: mirarnos en el espejo roto de nuestro vecindario.
En el concierto latinoamericano, donde la volatilidad populista, la inflación desbocada y el saqueo institucional cíclico son moneda corriente, Uruguay destaca como una rareza luminosa.
Tenemos alternancia pacífica, bajo nivel de corrupción percibida en el mostrador cotidiano y una pulcritud formal que envidiarían latitudes enteras del continente.
Pero esa victoria pírrica es, en el fondo, una trampa intelectual.
Medirse con el fracaso ajeno para autoproclamarse un éxito es el refugio favorito de la mediocridad institucional.
Es la ilusión óptica del tuerto en el reino de los ciegos.
Cuando un país se conforma con no ser un desastre, renuncia automáticamente a la grandeza.
Y es ahí donde las métricas de calidad de élites resultan implacables: nos ubican en una mediocridad global, flotando en un purgatorio estadístico donde la estabilidad formal enmascara un estancamiento estructural lacerante.
¿Por qué ocurre esto?
Porque las élites que nos conducen —tanto las políticas como las corporativas y sociales— no operan bajo la lógica de la creación destructiva, esa fuerza schumpeteriana que dinamita lo viejo para dar paso a lo nuevo y eficiente.
Operan, por el contrario, bajo el pacto del «extractivismo moderado».
Nadie roba a carretadas en la plaza pública, nadie expropia arbitrariamente los ahorros del ciudadano en una madrugada de furia; en su lugar, se teje un entramado infinitamente más sutil: el corporativismo estatal.
Un pacto tácito donde se reparten las rentas de una economía asfixiada a cambio de mantener la paz social, asegurar el empleo burocrático y blindar privilegios sectoriales que ahogan cualquier atisbo de audacia.
El costo invisible del país caro
Hablemos sin eufemismos de nuestra famosa y silenciosa cruz: ser un país caro.
No se trata de una fatalidad meteorológica ni de un capricho del destino geográfico. El «costo Uruguay» es el precio exacto que pagamos por mantener en funcionamiento un Leviatán obeso, ineficiente y receloso de la competencia.
Cada tarifa pública inflada, cada regulación caprichosa que protege a un monopolio amigo, cada tributo o regulación asfixiante que recae sobre las espaldas del sector productivo genuino no son más que transferencias silenciosas de recursos.
Se despoja al creador de valor —al emprendedor, al productor, al inversor que arriesga su capital en la intemperie— para alimentar una maquinaria burocrática cuya principal habilidad es su propia auto-reproducción.
Y lo más grave no es el dinero que se va; es el talento que se expulsa.
¿Qué futuro le espera a una sociedad donde el horizonte aspiracional de un joven brillante se reduce a concursar por un puesto en el Estado o a acomodarse en los intersticios de un mercado protegido?
Mientras el mundo avanza a vértigos tecnológicos impensados, abrazando la descentralización, la inteligencia artificial y la agilidad sistémica, nosotros seguimos discutiendo el sexo de los balancines corporativos, presos de un estatismo nostálgico que confunde la asistencia con la dignidad.
La anestesia de la tutela y la pérdida del norte
La consecuencia más trágica de este modelo no se refleja en las planillas del Banco Central, sino en el alma cívica de los ciudadanos.
Durante décadas, nos han acostumbrado a delegar la soberanía personal en las manos providenciales de un Estado-tutor.
Se ha construido un relato de excepcionalidad que justifica la asfixia fiscal bajo la promesa de una supuesta protección social.
Pero, en los hechos, esa tutela no protege al vulnerable; blinda el andamiaje que lo mantiene dependiente.
Nos han enseñado a mendigar derechos ficticios mientras renunciamos silenciosamente a las libertades concretas.
El ciudadano libre, propietario de su destino y artífice de su propio mérito, va cediendo terreno ante el cliente electoral, dócil y agradecido por las migajas de una burocracia magnánima que teme perder ante un cambio de rumbo.
En este esquema, la política deja de ser el noble arte de construir reglas justas para convertirse en la administración pacífica de una gran tómbola administrada por partidos.
Da igual el color del letrero que flamee en el mástil; el pegamento institucional que une a oficialismos y oposiciones tibias es el mismo: el miedo a decir la verdad.
Nadie quiere asumir el «costo político» de desmantelar los privilegios, porque en el fondo se asume que el votante es un infante incapaz de soportar la intemperie de la responsabilidad.
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