Tensiones y contradicciones: es más necesaria la complacencia que la capacitación
Tampoco estos virtuosos selectivos proponen una ley anticorrupción, o ficha limpia para cualquier cargo en el Estado, simplemente porque los principios morales y éticos están por debajo de los intereses de poder político.
Sin embargo, para los escrutados mediante concurso se les exige certificado de buena conducta.
Ni siquiera los sindicalistas están sujetos a control democrático de elección porque tampoco hay norma que lo regule.
Menos a probidad para el cargo, y por cierto, los recientes antecedentes indican que si bien ascienden hasta senadores de la República por el FA, su responsabilidad penal queda sujeta a la acción severa de un fiscal, como en el caso del robo a los trabajadores del SUNCA, cuyos dineros tal como resulta de declaraciones de los imputados fueron destinados a financiar la campaña política del PCU.
Los prejuicios también horadan la virtud selectiva de los ministros, y el gobierno de Orsi actúa cuando no tiene más remedio. Lo ideológico por encima de lo legal.
El ministro del Interior (único ministro en la historia que exhibe en un siniestro que no cumple la reglamentación de tener al día la licencia para conducir y es responsable de causar un siniestro de tránsito que produjo grave lesiones a un motonetista) y el de Desarrollo Social, descubrieron que existe una Ley de Faltas vigente desde el año 2013 para el desalojo de las personas en situación de calle.
En mayo de 2024 se radicalizó con la ley de internación compulsiva 20.279 dado el desastre de convivencia de personas narcotizadas que usaban los espacios públicos como espantosa alternativa de vivienda.
Un año después de iniciada su gestión de ambos ministros, y ante la presión de los vecinos que conviven con niños con esta situación, que los pone en riesgo mental, moral, y físico, el reclamo fue ensordecedor.
La Ley de Faltas (Ley 19.120) tipificó como falta el uso indebido de espacios públicos.
Prohíbe: Ocupar espacios públicos (plazas, veredas, parques) acampando o pernoctando en ellos, o instalando construcciones precarias.
El procedimiento previsto es que, la persona debe ser intimada por la autoridad (Policía o Intendencia) a retirarse.
Se le ofrece el traslado a un refugio del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social).
Si la persona persiste tras ser intimada dos veces, puede ser castigada con trabajo comunitario de 7 a 30 días.
La Modificación de 2024 (Ley 20.279) fue la actualización normativa más relevante, que permite la hospitalización involuntaria.
Da potestad al Estado para trasladar a personas en situación de calle a centros de salud aunque no den su consentimiento, siempre que un médico certifique por escrito que la persona presenta una patología psiquiátrica o un consumo de sustancias que representa un riesgo inminente para sí misma o para terceros.
El Ministerio de Desarrollo Social está obligado por ley a solicitar la intervención, y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) provee la atención médica.
Recién hace cuatro días que el ministro Negro comenzó un operativo de levantamiento de campamentos de personas que viven en calle, en coordinación con el Mides, reforzando estos procedimientos en zonas céntricas de Montevideo ya tugurizadas.
El subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, explicó que el objetivo es incrementar el alcance del operativo y afirmó que la intención es “no permitir que ningún ciudadano duerma en la calle”.
Obviamente, la situación de los vecinos que conviven con ella es de segundo orden, dado que los jerarcas seguramente no sufren este diario padecimiento.
Se espabiló la jerarquía, que la normativa vigente prohíbe la ocupación de los espacios públicos y la permanencia de personas en esos lugares.
No porque “ningún ciudadano duerma en la calle”, sino, porque la calle es de uso público, y no el dormitorio de aquellos a los que el Estado debe prohibirlo.
Según detalló, “…a las personas se las invita a retirarse de los campamentos y se las traslada hacia dependencias del Mides, particularmente en la zona de Casavalle. En el caso de quienes se encuentran con mascotas, estas son trasladadas también al centro de referencia”.
Una doble incapacidad se registra en estas acciones:
No cumplir desde el primer día de gestión con la ley que dispone que la autoridad tiene herramientas jurídicas perfectas para “limpiar” calles y plazas de aquellos que el sistema considera que han perdido el juicio o la utilidad social.
Segundo: no considerar que las personas en situación de calle deben ser atendidas adecuadamente por el Estado, buscando la solución permanente o transitoria que evite que como dijo algún bárbaro: “disfruten de la libertad de vivir dónde quieran”.
Mientras tanto, la ministro de Industrias nada tiene que decir sobre el cierre diario de empresas y el desempleo de sus trabajadores.
Situación que atenta contra el cálculo de crecimiento productivo que el ministro de Economía planteó como forma de solventar el aumento del gasto público presupuestal.
El ministro de Ambiente cuya primera acción gubernativa fue cercenar con alevosía el proyecto Arazatí por el que una empresa privada se hacía cargo de proveer agua potable permanente y suficiente, no da explicación alguna por la contaminación de playas repletas de mayores y niños que se bañan entre coliformes de variada intensidad.
El presidente y vice de ASSE cultores del SNIS, un barril sin fondos (sin eufemismo) sigue sorbiendo el dinero de la gente trabajadora o pasiva, sin solución de continuidad.
Olesker, el actual vicepresidente e inventor del Frankenstein mórbido mutual-público, es la prueba viviente y actuante de un sistema que engaña con títulos inexistentes (Sendic fue el antecesor) para justificar que nunca se recibieron por culpa de estar ocupados haciendo la “revolución”.
El ministro de Relaciones Exteriores hace fintas para cumplir con la decisión presidencial de no reconocer que Corina Machado es la ganadora del Premio Nóbel de la Paz, para no herir la sensibilidad de un sistema dictatorial.
Esquiva reconocer que Maduro es un delincuente mafioso, y festeja un tratado con otro bloque en decadencia como un logro de su gestión.
Ni hablar de la supervisión que tiene que realizar permanentemente Oddone sobre Castillo en el Ministerio de Trabajo, desairándolo cada vez que propone algo consecuente con su radicalismo comunista para trancar la libertad de empresa.
Otro interesante experimento marxista que intenta demostrar que el libreto es adecuado y fallan los intérpretes, pero esta oda tiene la responsabilidad de gobernarnos.