La factura del ilusionismo: el costo intergeneracional de demoler el Estado

La carga fiscal de decisiones políticas y empresariales del período 2010–2015 continúa proyectándose sobre las finanzas públicas y las generaciones futuras, según el análisis del autor.

LA FACTURA DEL ILUSIONISMO
Cuando la demolición del Estado se convierte en deuda intergeneracional
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Hay una peligrosa tentación en la política contemporánea de disociar el relato épico de la gestión pública de su cruda materialidad contable.
Durante años, se construyó un relato en torno a la administración del expresidente José Mujica (2010–2015) focalizado en la austeridad personal de su líder, un ropaje simbólico que sirvió para anestesiar la atención pública ante el ciclo de mayor drenaje de recursos fiscales en la historia económica reciente del Uruguay.
Bajo el dogma del voluntarismo industrialista del planificador ignorante y una matriz de inspiración subversiva orientada a la desarticulación institucional, se comprometieron fondos públicos colosales que hoy no solo configuran una pérdida neta irreparable, sino que se proyectan de manera impiadosa sobre todos los ciudadanos, especialmente los marginados económicos, en forma de deuda pública y pesadas cargas financieras con sus respectivos intereses.

El trasfondo subversivo: La demolición sistemática de las formas institucionales
El daño económico infligido a los uruguayos no fue un simple accidente de gestión o el producto de una serie de errores técnicos desacertados; respondió a una matriz ideológica profunda. Detrás de los megaproyectos fallidos, el dispendio abusivo de recursos ajenos, y el vaciamiento de las empresas públicas operaba una intención de raíz anárquica: la búsqueda deliberada de socavar los cimientos del Estado de Derecho liberal, erosionar la autoridad de las normas económicas y provocar una alteración social de proporciones devastadoras.
Cuando se desprecian los equilibrios fiscales, se pisotean los contratos jurídicos y se utilizan las palancas del poder político para ensayar experimentos colectivistas al margen del cálculo económico, el objetivo no es la eficiencia del Estado, sino su colapso gradual.
Las corporaciones estatales monopólicas fueron vaciadas desde adentro para servir a intereses facciosos, transformando a la administración pública en un botín de improvisación ideológica destinado a sacudir los cimientos de la institucionalidad “burguesa”, sin importar las ruinas financieras que dejaran a su paso.

El mapa del vaciamiento: Mil millones y medio de dólares a pérdida
La cuenta de las iniciativas ruinosas y la negligencia administrativa no es una abstracción contable; representa destrucción laboral, hospitales que no se equiparon, escuelas ruinosas postergadas, impulso a la informalidad, pérdida de derechos de los más vulnerables, y una presión tributaria asfixiante sobre los contribuyentes que crean los recursos, que se usaron para tapar agujeros negros monumentales.
No son números, son personas devastadas, girones de vidas destruidas, insensatez rayana en la locura de Hybris de sentirse dueño y señor del destino de los gobernados.
El colapso de ANCAP: La petrolera estatal requirió una recapitalización y absorción de pasivos aprobada por el Parlamento cercana a los US$ 900 millones. Sobrecostos injustificados, plantas de portland deficitarias y una gestión desatada se tradujeron en una hipoteca directa sobre el patrimonio nacional.
El fiasco de Gas Sayago y la Regasificadora: Una quimera energética que nunca inyectó un metro cúbico de gas y dejó pérdidas netas por más de US$ 215 millones en liquidaciones, mantenimiento estéril y juicios internacionales perdidos frente a proveedores.
La pesadilla de PLUNA: La liquidación improvisada de la aerolínea de bandera dejó una estela inicial de US$ 137 millones en deudas y avales ejecutados, a lo que debieron sumarse con los años más de US$ 80 millones en condenas firmes y costas procesales dictadas por tribunales arbitrales internacionales (CIADI).
Los acuerdos con Venezuela y PDVSA: El engranaje comercial ideado bajo afinidades político-ideológicas con la petrolera venezolana terminó obligando al Estado uruguayo a rescatar y cancelar pasivos por US$ 262 millones, comprometiendo fondos genuinos del erario en un fideicomiso opaco. Y, además, tirándole a una cooperativa láctea el fardo de más de US$ 30 millones a la deuda del otario.
El drenaje del FONDES y otros desatinos: Más de US$ 50 millones dilapidados en créditos incobrables a proyectos “cooperativos” “autogestionados” inviables fondeados a través del BROU, sumados a los millones evaporados en consultorías y expropiaciones truncas para el Puerto de Aguas Profundas o rieles abandonados del malogrado Tren de los Pueblos Libres.

El costo de oportunidad: La tragedia moral de la pobreza infantil desatada
Para dimensionar el verdadero tamaño de la dilapidación, basta contrastarla con las prioridades sociales que hoy dominan la agenda pública.
Cuando desde el actual oficialismo de izquierda —donde el sector político de Mujica detenta la mayor fuerza e influencia— se reclaman o se manejan cifras acotadas, como los US$ 30 millones necesarios para solucionar un gravísimo problema como el 25% de la pobreza infantil, el contraste se vuelve moralmente insoportable.
Si se hubiera contado con los recursos que Mujica dilapidó en aventuras corporativas y experimentos ideológicos —un piso conservador superior a los US$ 1.600 millones—, Uruguay no solo habría podido erradicar por completo esa tragedia social y asegurar el futuro de varias generaciones de niños, sino que le habría sobrado capital para transformar la infraestructura educativa del país.
El costo de oportunidad de aquella gestión se traduce en una paradoja cruel: los mismos sectores políticos que hoy exigen recursos para paliar la vulnerabilidad de la infancia fueron quienes, desde el poder, quemaron en las hogueras de la ineficiencia y el descontrol fiscal el equivalente a más de cincuenta presupuestos destinados a rescatar a esos mismos niños de la indigencia.
Y hoy Mujica redivivo, los impulsó desde el cadalso, a tirar otros U$S 32.5 millones en otro proyecto disparatado de repartir en su homenaje una estancia productiva en seis minifundios. Y ahora, reclaman por esos insuficientes U$S 30 millones que vuelven a imputar a pérdida del costo de oportunidad país para los niños pobres.

La proyección perversa: Capital, intereses y el peso sobre los contribuyentes
Cuando se habla de un piso consolidado de US$ 1.600 millones a US$ 1.650 millones en recursos directos perdidos, la sociedad suele cometer el error de ver la cifra como una foto estática del pasado. La realidad institucional y financiera es mucho más dramática.
Los gobiernos no financian estos desfalcos corporativos ni con aire ni con ahorros corrientes del Sector Público; los financian emitiendo deuda pública.
Cada dólar inyectado para salvar a ANCAP, cada juicio internacional abonado por la irresponsabilidad decisoria errada en el caso PLUNA y cada pasivo energético cancelado con la Venezuela de entonces; y hasta la estancia María Dolores, se tradujo en la colocación de bonos soberanos y endeudamiento interno a plazos estipulados.
Esto significa que a los capitales perdidos hay que sumarle el servicio de la deuda y los intereses acumulados año tras año, una mochila financiera que pagan religiosamente los uruguayos a través de sus impuestos al consumo, al trabajo y a la producción. Carga pesada que lastra el proyectado e ilusorio crecimiento económico sobre el que presupuestaron y gastaron con intención destructiva los irresponsables de izquierda.
Es la factura final de una estrategia que combinó la incompetencia económica con el designio subversivo de dinamitar las reglas del orden republicano.
El Estado confiscó abusivamente la riqueza del sector productivo privado para financiar su propia demolición y desatender los dramas más caros de la sociedad, condenando a las generaciones venideras a pagar en efectivo los estragos de una revolución fallida.
Veremos, además, los intereses que seguimos pagamos todos los uruguayos, costo adicional imputable a una “infamia suprema” del que quieren vender a los niños pobres como “mi amigo Pepe” .

Costo de oportunidad
Deuda pública
Institucionalidad republicana

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