Cómo el Parlamento abdica de su rol frente al abuso del poder fiscal y la asfixia del contribuyente
El Abuso sobre el Contribuyente
El Parlamento debería actuar como el escudo del ciudadano frente al apetito fiscal del Estado. Sin embargo, se produce un fenómeno de ceguera técnica o política:
Despreocupación por el Impacto Económico:
Se legislan nuevos impuestos o regulaciones con fines recaudatorios sin medir la curva de Laffer (sobre la capacidad contributiva real del individuo), la desaparición de la capacidad de ahorro, o el desincentivo a la inversión.
Al no evaluar el «daño al administrado», el Parlamento ignora adrede cuánto de la capacidad productiva del país se está drenando para sostener una estructura burocrática cara, ineficiente, absurda.
La Inversión del Rol Presupuestal
Históricamente, el Parlamento era quien decía «no» al gasto del Rey.
Hoy, el incentivo está invertido por razones político-electorales o corrupción de Estado.
Los legisladores suman partidas para sus feudos electorales, o simplemente, por egoísmo inculcado en el ADN para abusar genéricamente del que aún tiene bienes que él aún no.
Convirtiendo el presupuesto en una lista de reclamos sin contrapartida de recursos.
Aprueban el aumento del gasto público contra reloj, sin evaluar el retorno social de la asignación de recursos siempre escasos, quitando impacto social a la posibilidad de ahorro, consumo y ascenso social. Una decisión política de igualarnos pobres.
La ideología sustituye a la razón.
Un regreso a la monarquía absoluta, que no medía consecuencias de la exacción para satisfacerse, ahora convertida en una repartija: crean una necesidad política para conceder demagógicamente un derecho.
El resultado, es un aumento sostenido del déficit, obscenas formas de financiarlo, perjudicando indirectamente a toda la sociedad.
Asfixian la economía privada descapitalizándola, y con ella, al empleo, la producción, el comercio, y decrecen los recursos que el propio Estado debiera aplicar a asistencia puntual y servicios de calidad.
En este marco, el multiempleado es rico, sin medir su intento de superarse o dar apoyo familiar; el asalariado, un potentado obligado a repartirlo para financiar el desquicio presupuestal; y el informal, un competidor autorizado del comerciante y del prestador de servicios privados establecido esquilmados a impuestos.
La Aniquilación del Crecimiento
Cuando el Parlamento abdica de su rol de controlar la eficiencia del gasto, se convierte en cómplice de un modelo de extracción de recursos que carga a la espalda del contribuyente.
El concepto monárquico de que todos los recursos son de quien detenta el poder, confunde al Estado con el dueño de todo recurso privado, destruyendo cualquier defensa de los derechos individuales.
El capital que debería estar fluyendo hacia la producción, la productividad, la creatividad y la innovación es absorbido por el Estado para financiar un gasto corriente hiper inflado que multiplica desesperanza, frustración, pobreza.
Sin respaldo técnico que alerten sobre la caída en la competitividad, el Parlamento valida un sistema que prioriza la supervivencia de la estructura estatal como un fin en sí mismo, por sobre el crecimiento de la economía real.
En este escenario de democracia únicamente mira la forma: votar leyes tal como vienen del Poder Ejecutivo, pero el fondo, el control del poder y la protección del ciudadano han desaparecido.
El problema no es multiplicar nominalmente organismos de control al poder (como oficinas de auditoría o tribunales de cuentas), sino su irrelevancia política deliberada, que fomenta el corporativismo del poder.
La existencia de técnicos burócratas se vuelve un «decorado» democrático: están allí para cumplir con la forma, pero sus advertencias son ignoradas sistemáticamente cuando colisionan con la voluntad del Ejecutivo o el pacto de gasto con el Legislativo.
Este escenario configura una crisis de racionalidad técnica en el Estado.
El «Filtro Político» sobre la Verdad Técnica que advierte sobre la inviabilidad, ilegalidad, o inconstitucionalidad de un gasto, con daño grave al contribuyente, se ignora olímpicamente por «conveniencia política».
El parlamentario incurre en responsabilidad de omisión delicuescente de funciones de contralor del abuso al ciudadano, que debiera ser penalmente relevante, o responsabilidad patrimonial de sus coautores.
Al ignorar las advertencias técnicas y ocultar la responsabilidad social, el legislador no solo actúa con impericia, sino con dolo institucional, priorizando el sostenimiento del aparato burocrático sobre la salud económica del administrado que representa, y en definitiva, de la Nación.
En este esquema, el contribuyente queda en un estado de indefensión absoluta.
Como en el absolutismo, si no cumple las obligaciones que el poder le impone es un paria que merece todo el castigo que se le imponga el recaudador por su omisión.
No tiene un defensor en el Parlamento porque el legislador ha canjeado su rol de «representante de la soberanía popular» por el de «gestor de intereses partidarios».
El sistema está diseñado para que el gasto sea expansivo e irreversible; nunca se evalúa qué programas han fracasado para cerrarlos; se acumulan nuevas capas de gasto inútil o vesánico sobre las anteriores.
El Consumo del Capital Productivo
Al no haber un freno real al abuso del Ejecutivo, el Estado se comporta como un organismo parásito que consume el tejido que lo alimenta:
Asfixia la capacidad de producción al ignorar el robo al administrado.
El representante del soberano es servicial al abuso del poder, validando una carga impositiva y regulatoria que impide que el sector privado genere los recursos necesarios para el crecimiento colectivo.
Promete que habrá crecimiento, cuando técnicamente sabe que no habrá, persistiendo en quitarle al que aún trabaja recursos imprescindibles.
Por eso, cuando el Poder Ejecutivo mide su capacidad de gastar y endeudarse, lo hace sobre el Producto Bruto Interno de todo el sector privado, y no, únicamente, sobre los recursos racionales que debiera recaudar para financiar el bien público.
Continuaremos.