¿Estado mínimo o Leviatán? Los 23.000 millones que frenan el crecimiento

El verdadero costo del gasto público no es el déficit: es el empleo, la inversión y las oportunidades que nunca llegan a existir.

UN ESTADO MÍNIMO O UN LEVIATÁN
23.000 millones de razones para el escepticismo
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Uruguay supo ser, a fines del siglo XIX, con un Estado mínimo, un país con un ingreso por habitante equiparable al del primer mundo, precisamente porque el respeto al capital y la sobriedad en el gasto civil eran lo normal.
El declive que no conoce pausa desde la consolidación del modelo estatista profundo no se debe a la escasez de recursos públicos, sino a su destino.
Mientras sigamos consintiendo que el grueso de la riqueza nacional se evapore en los pasillos de la inercia corporativa, seguiremos pagando con estancamiento el precio de nuestra propia complacencia.
El ordenamiento institucional no requiere más tributos; requiere, de manera perentoria, una amputación radical de sus privilegios burocráticos para devolverle al ciudadano la soberanía de su destino.
La licencia social a este gasto insoportable NO EXISTE.
La evolución de estas dinámicas institucionales cuyos abusos crecen, y la centralización del poder afecta el desarrollo, resulta muy esclarecedora en el análisis de Daron Acemoglu en “Por qué fracasan los países”, donde examina cómo las instituciones extractivas frenan la prosperidad económica.
Aclara que no hay pobreza infantil sin que haya pobreza de su entorno familiar: falta de empleo, analfabetismo, capacidad laboral destruida.
No existe tal cosa como la «pobreza infantil» concebida como un fenómeno autónomo, encapsulado e independiente de la realidad que lo circunda.
La pretensión de aislar la vulnerabilidad de los menores para tratarla mediante paliativos sectoriales es un error conceptual —y una comodidad burocrática— que ignora la ley más elemental de la organización humana: el niño no es un agente económico aislado; es el eslabón más frágil de una estructura familiar devastada.
Hablar de pobreza en la niñez sin señalar la postración material y cultural de su entorno es un ejercicio de hipocresía estadística, política y social.
La penuria de los menores es, en rigor, el síntoma visible de un tejido familiar previamente desarticulado por factores estructurales crónicos:
La destrucción del empleo formal a causa de la rigidez regulatoria y la asfixia impositiva condena a los jefes de hogar a la informalidad o a la desocupación de larga duración.
Sin ingresos genuinos, el hogar colapsa.
La quiebra de la educación pública tradicional ha dejado de ser un problema pedagógico para convertirse en una condena económica.
El analfabetismo funcional y la falta de destrezas básicas en los adultos actúan como una barrera infranqueable que bloquea cualquier posibilidad de movilidad social e inserción en el mercado de trabajo, que se profundiza con la marginación.
Aquellos hogares golpeados por problemas de salud, adicciones o incapacidades físicas quedan marginados en un sistema asistencialista que prefiere cronificar la dependencia mediante el subsidio miserable en lugar de reestructurar los incentivos hacia la rehabilitación y la reinserción laboral productiva.
La burocracia estatal insiste en parcelar la miseria para justificar la creación de nuevas comisiones, ministerios y programas específicos que solo logran multiplicar los cargos públicos.
La realidad es indivisible: la única política verdaderamente eficaz contra la pobreza infantil es aquella que remueve los obstáculos institucionales que anestesian la voluntad de superarse de los padres, les impiden trabajar, educarse y progresar en libertad.
Mientras el aparato estatal consuma los recursos que deberían financiar esa capitalización cultural y económica, los planes focalizados seguirán siendo apenas un costoso analgésico para una enfermedad que el propio Estado estimula y aprovecha electoralmente.
O sea, la pobreza responde a la falta de oportunidades de empleo por el abuso de gasto público en prioridades impúdicas
La pobreza no es un estado místico ni una maldición geográfica; es el resultado directo de un proceso de vaciamiento.
Cuando el Estado decide destinar el grueso de esos 23.000 millones de dólares a sostener privilegios corporativos, burocracias redundantes y un aparato político hipertrofiado —esas prioridades impúdicas—, está tomando una decisión que destruye el empleo de dos maneras simultáneas:
Por asfixia fiscal (Destrucción de la inversión): Cada peso que gasta la burocracia fue detraído antes del bolsillo de un comerciante, un productor rural o un industrial.
Al quitarles ese capital mediante impuestos directos o encareciendo los costos logísticos y de servicios, se les impide ampliar sus negocios, modernizarse, o contratar más personal.
El abuso del gasto público confisca el combustible del empleo privado.
Por rigidez estructural (El intermediario inútil): Ese monumental flujo de recursos no vuelve a la sociedad en forma de mejor educación o infraestructura que facilite el comercio.
Queda atrapado en el peaje de la estructura estatal.
Como consecuencia, las familias de los contextos más vulnerables quedan atrapadas entre dos fuegos: una educación pública degradada y masificada que no las capacita para el mercado moderno, y un mercado laboral anémico que no puede absorberlas porque está asfixiado por el propio Estado.
La verdadera impudicia radica en justificar ese tamaño del Estado en nombre de los más necesitados, cuando en la práctica, el sistema funciona de manera inversa: se debilita la capacidad de la sociedad civil para generar riqueza y empleo genuino, condenando a las familias a una dependencia crónica de las migajas asistenciales (esos 30 millones de limosnas) que la propia burocracia les devuelve para legitimarse.
El empleo confiscado y la farsa redistributiva
Llegamos así al núcleo del drama, donde la complicidad política y la ceguera económica confunden deliberadamente las causas con los efectos.
La pobreza no es una fatalidad del destino ni un capricho del azar; es la consecuencia directa e inevitable de un proceso de vaciamiento intencionado para que quienes detentan el poder de resolverlo abusen de su posición dominante.
Cuando un Estado decide, con pertinaz obstinación, destinar el grueso de sus 23.000 millones de dólares a financiar prioridades impúdicas —burocracias redundantes, privilegios corporativos y el sostenimiento de un aparato político hipertrofiado—, está firmando la sentencia de muerte del empleo genuino.
El mecanismo de esta asfixia opera con la fría precisión de una guillotina en dos frentes simultáneos:
Mediante la confiscación del capital productivo.
Esos miles de millones de dólares no brotan espontáneamente en las oficinas del ministerio de “Desarrollo Social”; son sustraídos penalizando el ahorro y el esfuerzo de los creadores de recursos rapiñados a toda la sociedad.
Al arrebatarle esos recursos al comerciante, al productor rural, al industrial y al emprendedor a través de una presión fiscal agobiante, precios públicos artificialmente inflados, e intereses para pagar una deuda que el propio sistema multiplica para su goce, se les priva del combustible indispensable para expandir sus negocios, incorporar tecnología y, fundamentalmente, contratar más personal.
Cada empleo político, público, o gasto en ONGs innecesario es un puesto de trabajo genuino que se destruye o deja de crearse en el sector privado.
Mediante la institucionalización de la dependencia.
El aparato estatal se traga el recurso y, a cambio, devuelve a las familias más vulnerables una educación pública degradada que las incapacita para el trabajo formal bien remunerado; y un mercado laboral anémico que no puede absorberlas porque está estrangulado por los costos y saqueos del propio Estado.
Para justificar su existencia, la burocracia comparece entonces con esos 30 millones de dólares —las migajas del banquete—, presentándolos como un acto de suprema sensibilidad social.
Es una farsa redonda: se destruye la capacidad de la sociedad civil para generar oportunidades de trabajo, se condena al entorno familiar a la marginalidad por falta de empleo, y luego se ofrece el subsidio miserable como único analgésico presupuestalmente disponible.
La verdadera compasión no reside en el asistencialismo que perpetúa la postración, sino en la liberación de las fuerzas productivas.
Si queremos erradicar la pobreza, debemos desmontar el andamiaje de este Estado opresor y devolverle al ciudadano la soberanía de su trabajo, de su propiedad y de su destino.

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