El costo ciudadano de un Estado que pierde dinero

La presentación de CERES reabre el debate sobre el costo de las ineficiencias públicas, el endeudamiento y las prioridades del Estado uruguayo.

EL COSTO CIUDADANO
El Estado: Una máquina de perder dinero y fabricar pobreza
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Mientras la mayoría de los mortales intentamos, con mayor o menor éxito, que nuestros ingresos superen a nuestros gastos en la economía real, el Estado uruguayo parece haber abrazado una filosofía de vida distinta: la de un adicto a la lotería que, tras perder el sueldo en el casino, insiste en que el problema es que no apostó lo suficiente.
El martes pasado, Ignacio Munyo y el equipo de CERES nos pusieron frente al espejo con una presentación que, más que un informe económico, pareció una autopsia.
La conclusión es tan obvia como deprimente: el Estado uruguayo es una estructura tan fragmentada, tan ineficiente y tan dispuesta a perder plata en los lugares más absurdos, que la idea de que «falta presupuesto» es, lisa y llanamente, una falta de respeto a la inteligencia del contribuyente.

El arte de tirar 550 millones de dólares a la basura; y luego, pedirlos prestados
CERES nos confirmó lo que cualquier liberal con sentido común sospechaba: hay unos 550 millones de dólares anuales que se están evaporando en un agujero negro de ineficiencia.
¿Y saben qué es lo más gracioso?
Que el Estado no pierde esa plata por «accidentes», sino por pura vocación de hacer las cosas mal.
Tenemos un Estado que insiste en fabricar portland —una actividad donde compite contra el sector privado con la gracia de un elefante en un bazar—, mientras se distrae con la gestión del dragado por el que paga y no hace, o con repartir subsidios en un ecosistema de superposición de oficinas tan grande que, a veces, ni ellos mismos saben para qué fueron creadas.

El «proyecto social» de Colonización: Pobreza, mate y cero retorno
Y qué decir del Instituto Nacional de Colonización.
La presentación de Munyo dejó en evidencia cómo el Estado dilapida recursos en tierras que, bajo su gestión, terminan convirtiéndose en un cementerio de productividad.
La visión estatal es casi poética en su ineficiencia: en lugar de incentivar empresas agrícolas competitivas, el Estado se ha empeñado en financiar un pintoresco conjunto de minifundistas, condenados al estancamiento, donde la única actividad productiva que evidencia es colonos tomando mate en la puerta del ranchito hasta quedar verdes y viejos como gnomos, mientras ven cómo la oportunidad de desarrollo se les escapa entre los dedos.
Es la utopía del «pequeño productor» subsidiado hasta el cementerio: un diseño perfecto para asegurar que nadie crezca, que nadie innove y que, sobre todo, nadie deje de depender del Estado, y hacer que la relación gastos-inversiones sea una perfecta utopía.
Es la estrategia definitiva para institucionalizar la pobreza bajo el noble disfraz de la «justicia social».

La falacia del presupuesto como «estimación»
Lo que justifica este descalabro es la idea moderna de que el presupuesto es una «estimación perfectible».
¡Qué término tan sofisticado para decir «si me equivoco, el contribuyente paga la diferencia»!
Es la vieja trampa de la deuda.
Como quienes se sientan en un escritorio del Estado no creen que tiene límites reales lo que disponen del ciudadano de a pie, le prometen regalitos para llegar al poder, y luego, se ven obligados a gastar la plata de otros, endeudándose sin solución de continuidad como si no hubiera mañana.
Cuando el gasto se dispara por la torpeza de no saber priorizar, la solución no es cerrar lo que no sirve —como el portland estatal, las tierras mal gestionadas de Colonización o las miles de oficinas que duplican cometidos—, sino endeudarse un poco más.
Total, la deuda la pagarán personas que no votan: los nietos. Y el «gasto social» suena muy bien en los discursos de campaña.

La «Revolución Agéntica» como única salida
Si queremos dejar de ser una economía que vive de la inercia y del endeudamiento externo, la receta es clara: el Estado tiene que soltar lo que no sabe hacer.
Pero, como detener la voracidad irresponsable del sistema político depende de los políticos, no serán los humanos ciudadanos quienes logren semejante proeza.
¿Cómo le van a hacer caso a la realidad que golpea desde los números y la racionalidad de priorizar el gasto para que lo esencial y social funcione?
La propuesta de CERES es apenas el principio.
Mientras sigamos teniendo un sector público que se comporta como un empresario de pacotilla, intentando gestionar desde el puerto hasta la última bolsa de cemento o el último pedazo de tierra, seguiremos atrapados en esta mediocridad.
El ciudadano uruguayo, ese al que le cobran como si viviéramos en Suiza, pero le dan servicios de un país sin aspiraciones a serlo, merece algo mejor.
Si el Estado dejara de quemar esos 550 millones en sus juegos de rol de economía básica, quizás —solo quizás— podríamos empezar a hablar de una baja real en la presión tributaria y del manido verso del “crecimiento”.
Pero para eso, primero necesitamos que alguien se anime a apagar las luces de los ministerios que no sirven para nada y que deje de subsidiar comprando unidades productivas de campos para exponer en minifundios sin capital la inacción en el campo.
El diagnóstico está sobre la mesa.
Ahora, la pregunta es: ¿tenemos el coraje de dejar de subsidiar la ineficiencia, o vamos a seguir prefiriendo vivir en este cómodo autoengaño mientras el endeudamiento hace el trabajo sucio por nosotros?

P. D.: Un aviso a los responsables de gobierno y oposición: estamos en un cambio de época en el que todo queda expuesto en YouTube; y hay agentes de inteligencia artificial que pueden hacer lo increíble: medir el costo ciudadano, sin atenuantes.

Estado.
Gasto público.
Costo ciudadano.

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