El verdadero costo del Estado disfuncional

La expansión permanente del gasto público no garantiza mejores servicios. Cuando desaparecen los incentivos a la eficiencia, el Estado termina trasladando sus costos a toda la sociedad.

EL ESTADO DISFUNCIONAL Y EL MITO DEL GASTO SOCIAL
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Enfrentar la realidad del aparato socialista estatal uruguayo, especialmente cuando se disfraza la insolvencia técnica o financiera, bajo el argumento de que «es un servicio esencial que no puede interrumpirse», es un ejercicio imprescindible para la transparencia que oculta una organización para destruir a la sociedad.
Ese estorbo no es casual, es intencional.
Se han creado organismos estatales para recaudar, acomodar, e hiper regular, y así, morder parte de la recaudación arbitraria, que debiera hacer a un costo óptimo el sector privado.
Identificar reparticiones «fundidas» o técnicamente inviables es complejo porque, en la arquitectura estatal, raramente se llega a una cesación de pagos formal.
En su lugar, se opera mediante el subsidio constante de Rentas Generales y de la reasignación de recursos monopólicos, que oculta el déficit operativo crónico y la falta de horizonte de mejora.
Más allá de las intendencias, el sistema de transporte público, el Correo, la fabricación estatal de portland, y ciertas áreas de conectividad ferroviaria operan bajo un esquema donde la rentabilidad es una utopía.
Del mismo modo el Sistema de Seguridad Social es un enorme agujero negro cósmico que nadie se anima a auditar por temor al infarto; al igual que ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y su larga mano del recaudador: el FONASA. Fondo Nacional de Salud absolutamente insalubre para quienes lo pagan.
Un ejercicio de socialismo aplicado que, como siempre, expone en toda su crudeza la inhumanidad y la corrupción de Estado.
Se mantienen por la renovación tácita de una equívoca cultura social, implícita, que incorporó el relato que la burocracia pública defiende el interés nacional, que impide el cierre, pese a que la tecnología actual ofrecería soluciones económicas y flexibles.
La estructura del Estado uruguayo siguiendo patrones socialistas ha devenido en un enorme ente disfuncional, carísimo, y con toques inevitables de corrupción endémica por intereses subalternos.
Cuando analizamos las reparticiones públicas «fundidas», no estamos hablando solo de números rojos, sino de una arquitectura institucional que ha perdido el norte de anteponer el interés general de toda la sociedad.
El diagnóstico es claro: el Estado responde a incentivos perversos.
Estructuras, fondos y programas con objetivos teóricamente nobles que, al no tener una métrica de impacto económico insustentable, se convierten en cajas negras de intereses corporativos.
La consecuencia es una asfixia silenciosa: el sector productivo —el motor que debe financiar este entramado— pierde competitividad frente a un costo país que, lejos de bajar, se ha consolidado en una estructura de gasto permanente que ningún gobierno se anima a desarmar.
No necesitamos más presupuesto como reclaman con intencionalidad los que quieren un Estado en liquidación y una sociedad exhausta.
Necesitamos auditar el retorno social de cada peso que irresponsablemente se destina a recauchutar organismos esenciales vaciados; y organismos innecesarios que frustran las prioridades naturales que maquillan un Estado fallido.

Reparticiones y fondos fiduciarios que operan bajo una lógica de opacidad imposible de sostener ni de justificar.
Son «áreas fundidas» que exigen bancarlas sin respetar las urgencias sociales, ausente de competencia, responsabilidad y transparencia, proclives a generar corrupción, que depredan cada vez más al contribuyente.
La falta de una auditoría económica externa técnica objetiva, que cuestione el input versus el output, permite que estas estructuras sobrevivan por desidia política.
Existen unidades ejecutoras dentro de la órbita de ASSE que, por su ubicación o baja escala, tienen costos operativos por usuario absolutamente disparatados.
Mantienen estructuras administrativas completas para centros mínimos, que podrían ser sustituidos por telemedicina o convenios de complementariedad con el sector privado, es, en términos de gestión, una forma de «quiebra operativa» disfrazada de bienestar social.
El costo para la sociedad es gravísimo: se «crowdea» al sector privado, desplazando inversiones que serían más eficientes. La gestión pública prostituye con cinismo corporativo-político, mientras el contribuyente percibe que sus impuestos se diluyen en burocracia; y reproducen sacar recursos para conseguir un resultado satisfactorio.
Si no abrimos estos arcones de prebendas carísimas a la luz de los datos transparentes, seguiremos hipotecando el desarrollo de los sectores que generan valor genuino, crecimiento real de la economía.
Ciertas ramas de empresas industriales del Estado operan en mercados donde la tecnología ya los ha dejado obsoletos.
Al no permitir la competencia abierta, su monopolio oculta que, de ser empresas privadas, ya habrían cerrado o se habrían reestructurado radicalmente hace un siglo.
La opacidad aquí suma costos ocultos de las tarifas que conforman el costo país, ineficiencia carísima en lugar de una competencia real que cueste el precio real.
Existen reparticiones enfocadas en la formación técnica o capacitación que tienen un costo por egresado que triplica el valor de mercado en el sector privado.
Áreas donde la evaluación de desempeño está obturada y la competencia externa es desincentivada, que se perpetúan como «áreas fundidas» donde el insumo es dinero público sin retorno en formación de capital humano real.
En muchas intendencias, el costo de gestión del servicio es exponencialmente superior a cualquier estándar comparado, pero la alternativa de pasar a una gestión privada o mediante alianzas público-privadas (APP) se descarta por el costo político de enfrentar a los sindicatos o porque quita oportunidad prebendaria.

El Fondo Nacional de Salud y el de Recursos en la encrucijada
Ambos Fondos están vaciados y representan hoy el dilema más complejo de nuestra administración pública: su valor ético es incuestionable, pero su modelo de gestión es una pieza de museo tecnológico, y un barril sin fondo, donde se repiten denuncias de corrupción cada vez que cambia de titular.
Al actuar como un comprador único sin incentivos de mercado ni auditoría de «resultados por dólar invertido» estos sistemas se vuelven ineficientes y caros.
Pretender que un administrador irresponsable patrimonialmente de su gestión aplique controles a intereses políticos-corporativos es una ingenuidad carísima en todo aquel país que ha intentado esta concentración patética.
Además, por obvia consecuencia, produce desastres asistenciales, que acicateados por recursos de amparo puentean al sistema sumando costos imprevisibles.
Todo un dislate a cargo de una recaudación impuesta sobre los salarios, que agregan una mortaja al ataúd de trabajar formalizado.
La consecuencia de ignorar esta realidad no es solo otro agujero fiscal, también es la distorsión de la deficiente atención de salud, que la política ministerial presiona con decretos para enterrar la realidad.
El paciente tiene la ñata contra el vidrio de servicios de salud que están en el Decreto, muy lejos de los que en realidad recibe. Costo añadido de mentir un relato imposible.
Estamos atrapados en una sobre-regulación planificada por un falso profesional, que sigue prendido, como buen fundamentalista, a un Sistema de Salud que está gravemente enfermo, que obliga al sector asistencial privado a incorporar multitud de veteranos, luchando por más cápita que le suma pacientes costosos a un costo médico y hospitalario en default.
El Estado le tira plata a este statu quo en lugar de proteger al paciente, al que le socializan el sueldo “solidariamente”.
La modernización del control agéntico de la gestión, lejos de ser un «recorte», es una obligación moral para asegurar que los recursos optimizados lleguen al ciudadano con tecnología de punta.
Comprobaríamos que este sistema es rapiñero; y sostenerlo es enterrar al paciente junto con una enormidad de recursos que se reparten manos non santas.

Estado disfuncional.
Gasto público.
Auditoría y eficiencia.

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