De Juan Pablo II a Mujica: el derecho a la vida en disputa

De la denuncia papal contra la «cultura de muerte» al veto de Tabaré Vázquez y la posterior legalización del aborto en Uruguay.

DE JUAN PABLO II A MUJICA

En la nota anterior partíamos de las letras de Discépolo criticando acremente la realidad del mundo en que le tocaba vivir.
«¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!… / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador!».
«Todo es igual, nada es mejor», lamenta el letrista argentino en «Cambalache».
Treinta años después Pablo Vi promulga la Constitución Pastoral «Gaudium et Spes buscando un diálogo abierto con la humanidad.
En ese documento se entienden los males sociales como consecuencia de la miseria socioeconómica, la ignorancia, la guerra, las desproporciones de desarrollo técnico…
No hay una acusación a actores políticos o internacionales como promotores directos de esos flagelos.
«Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos internaciones de toda la comunidad humana para solucionar los gravísimos problemas de hoy, señaladamente para promover el progreso en todas partes y evitar la guerra en cualquiera de sus formas», dice el texto.
Aunque que no desconoce que «si no se establecen en el futuro tratados firmes y honestos sobre la paz universal […] la humanidad, que ya está en grave peligro, aun a pesar de su ciencia admirable, quizá sea arrastrada funestamente a aquella hora en la que no habrá otra paz que la paz horrenda de la muerte».
De todos modos, el mensaje extiende un voto de confianza en los trabajos «diligentes e ininterrumpidamente celebrados» de los distintos organismos internacionales.
Confianza que treinta años después parece haberse diluido.
Juan Pablo II señala responsables.
Habla directamente de una «cultura de muerte».
Dice que esa estructura está «activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas».
Esas posturas son «portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia».
¿Y quiénes las imponen?
Y el papa apunta con el dedo a «Instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión» de estas políticas.
Léase ONU, OEA, OMS…
¿Qué supone esto?
Que aquellos que «con su enfermedad, con su minusvalidez o, más simplemente con su sola presencia» sean tenidos por inútiles, se constituyan en una carga y sean vistos como enemigos de los que hay que defenderse o eliminar.
Razona el papa que, desde ese miraje, los más necesitados de protección, amor y cuidado son justamente los despreciados.
Así, habla de «una guerra de los poderosos contra los débiles» y de una «conjura contra la vida».
En ese contexto apunta al problema demográfico.
En los países ricos la tasa de natalidad desciende y en los pobres se incrementa.
Y esa tasa en declive es causada por «la anticoncepción, la esterilización y el aborto».
Como los poderosos piensan que esta situación podría significar una amenaza, recurren a condicionar la ayuda económica a la aceptación de una política antinatalista.
En otras palabras: si no legalizan el aborto, la eutanasia, y promueven de otras formas no tan explícitas un freno al crecimiento demográfico: no hay préstamos.
Lo que más preocupa al Romano Pontífice es que estas políticas cuenten «con el múltiple y poderoso apoyo que reciben de una vasta opinión pública».
Paradojalmente, mientras «se proclaman solemnemente los derechos inviolables de la persona […] el derecho a la vida queda prácticamente negado y conculcado […] en el nacimiento y la muerte».
En efecto, resume:
«¿Cómo es posible hablar todavía de dignidad de toda persona humana, cuando se permite matar a la más débil e inocente?».
Dedica también su atención a la democracia.
Y señala el «relativismo ético» imperante, que permite que una mayoría parlamentaria decrete la eliminación del no nacido, olvidando «que el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve».
Porque «en la base de esos valores no pueden estar provisionales y volubles “mayorías”, sino solo el reconocimiento de una ley moral objetiva».
Y esas leyes «como el aborto y la eutanasia, legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes».
Tampoco olvida el papel de los medios de comunicación «con frecuencia cómplices en esta conjura, creando en la opinión pública una cultura que interpreta [estas prácticas] como legítimas aspiraciones de la libertad individual, que deben reconocerse como verdaderos y propios derechos».
Como era de esperarse, desde sectores y pensadores laicos la Encíclica recibió objeciones.
No es necesario desarrollarlas porque son posturas, que como el mismo documento lo expresa, están permanente expuestas en los medios de comunicación.
Pero no estaría de más recordar que en el Uruguay de 2008, el presidente Tabaré Vázquez, médico, socialista y masón, vetó un proyecto de Ley legalizando el aborto «en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia».
Porque «La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho.
Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser».
Parece que la fundamentación científica no resultó suficiente.
Seguramente, interpretando que antes de la duodécima semana cuando mágicamente el hijo de una mujer muta en ser humano, es tan solo un montón de células descartables.
Los legisladores volvieron a la carga y seis años después el presidente Mujica promulgó la norma, como luego lo haría con la liberalización de la marihuana.
En un mundo que parece haber perdido el rumbo, desde sus mudas páginas, la Encíclica sigue proclamando los conceptos que acuñara Tertuliano en el año 197:
«Es ya un hombre aquel que lo será; todo fruto está encerrado en su semilla».

Cultura de muerte
Democracia y ley moral
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