Otro contrato político secreto

Lo que el contrato de US$ 5.700 millones esconde bajo la superficie

OTRO CONTRATO POLÍTICO SECRETO
Lo que el contrato de US$ 5.700 millones esconde bajo la superficie
por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Una de las cosas paradigmáticas de nuestro país es que para conseguir un inversor con sano afán de lucro, tenemos siempre que especular que algo hay detrás.
No es quizás porque apenas tenemos un mercado consumidor de 1.300.000 de personas, 500.000 viven en la pobreza o la superan con una pequeña ayuda de Orsi estadísticamente.

O, porque la carga tributaria, la presión sindical comunista, las regulaciones asfixiantes, y por cierto las normas laborales que conceden un rifle láser contra cualquier emprendedor.
Sí, es posible, que si no tienen el auspicio del Presidente, nadie pondría un peso en este sitio del mundo; al menos que no esté cuerdo y no tenga algo bajo el poncho.
Luces y sombras de un coloso:
La confirmación del mayor acuerdo de inversión extranjera en la historia del país —el desembarco de la española Solaria con un proyecto de US$ 5.700 millones para un campus tecnológico y parque fotovoltaico repartido entre Canelones, San José y Florida— ha sido saludado por el gobierno de Yamandú Orsi como un hito fundacional.
Se habla con entusiasmo de Uruguay como el nuevo hub digital de América Latina, un imán para la innovación y la culminación de una estrategia basada en fibra óptica y energía limpia.
Sin embargo, cuando se baja del podio de los discursos oficiales y se examinan los contornos de un pacto de esta magnitud —cuyos detalles exactos transitan por los carriles de la “reserva corporativa y bursátil”—, emergen interrogantes ineludibles.
Detrás del brillo institucional se perfila un contrato de alto riesgo asimétrico, donde el Estado uruguayo parece asumir inicialmente las cargas estructurales más pesadas mientras el inversor privado asegura su retornos a largo plazo.
El ancla de los 40 años: ¿Un seguro para Solaria o un riesgo para UTE?
El pilar sobre el cual se sustenta la viabilidad financiera del proyecto es un contrato de abastecimiento eléctrico de largo plazo —que se extiende hasta cuatro décadas— con UTE, respaldado por la red de alta tensión de 500 kV.
En la práctica, un compromiso de esta longevidad con una empresa estatal implica necesariamente garantías de volúmenes mínimos de consumo o cláusulas de compra obligatoria (take-or-pay o equivalentes).
Aquí radica el primer gran signo de interrogación: ¿hasta qué punto el Estado uruguayo está comprometiendo su tarifa y su planificación energética para blindar el negocio de un privado?
Uruguay posee una matriz limpia y sólida gracias a dos represas productoras de energías hechas en tiempo de dictaduras, pero absorber bloques masivos de 500 MW de forma inmediata no es un desafío menor. Particularmente, sin comprometer el servicio eléctrico a la ciudadanía, o pagar cifras astronómicas (el doble) por otro tipo de energía adicional.
Si la demanda tecnológica real se retrasa, el costo de oportunidad y el riesgo financiero latente recaerán sobre la empresa pública y, por extensión, sobre el conjunto de los ciudadanos.
¿Inversores tecnológicos o especulación inmobiliaria y energética?
Solaria es tradicionalmente una compañía de desarrollo de infraestructura y generación solar, no un hiper-escalador tecnológico global (la categoría donde juegan gigantes como Microsoft, Google, AWS o Meta).
El hecho de que la empresa asuma la titánica tarea de levantar un campus de centros de datos de esta escala sin haber anunciado un consorcio tecnológico ancla de primer orden sugiere que el acuerdo opera, al menos en esta fase, como una gran plataforma inmobiliaria, energética y de zona franca preparada a la medida.
El interrogante crítico es evidente: ¿qué sucederá si las grandes tecnológicas internacionales deciden mirar hacia otros mercados de la región con mayores incentivos operativos o tarifas más competitivas?
Si los inquilinos finales de las zonas francas de Canelones y San José demoran en llegar o eligen otros destinos, el país quedará atado a un esquema normativo rígido y a compromisos energéticos difíciles de desarmar sin recaer
en nuevas demandas litigiosas.

Asimetrías regulatorias y el costo fiscal

Tratándose de la mayor inversión histórica, el paquete de exoneraciones tributarias, facilidades aduaneras y de importación de equipos bajo el régimen de zona franca es total.
Ninguna novedad para los uruguayos que siempre esperamos retornos de la inversión en mano de obra de infraestructura y luego no queda nada más.
Si bien los defensores del proyecto apuestan a un “derrame” macroeconómico a mediano plazo —calculado en unos 1.500 empleos fijos calificados y miles de puestos transitorios en la construcción—, la contraparte es un sacrificio fiscal inicial de proporciones colosales.
No podemos dejar de señalar lo extraño de que este gobierno de izquierda hable de “derrame”, parafraseando a Albus Dumbledore:
“tiempos oscuros se acercan Harry”
A esto se suman las inevitables excepciones regulatorias no transparentadas en los grandes titulares: cánones preferenciales de interconexión a la red, prioridades de despacho eléctrico o flexibilidades en el uso de recursos críticos.
En este tipo de negociaciones bilaterales entre un Estado y una corporación multinacional, las cláusulas de estabilidad jurídica a ultranza aseguran que, si las prioridades del país cambian o surgen tensiones en la disponibilidad de recursos internos, las indemnizaciones por incumplimiento a favor de la empresa sean draconianas.
Uruguay se ha jugado una ficha mayor.
El tiempo dirá si este pacto a cuarenta años se convierte en el motor de una verdadera revolución digital o si, por el contrario, termina validando la máxima de que un Estado caro, pesado y ansioso por mostrar cifras récord termina hipotecando sus garantías estratégicas a cambio de promesas corporativas de retornos lejanos.
La opacidad de los detalles finos y la falta de un debate parlamentario y técnico más áspero y abierto dejan, por ahora, más sombras que certezas sobre los galpones que comienzan a planificarse en el sur del país.
Por una malhadada caballerosidad también se han soslayado las principales disputas legales, demandas y conflictos recientes que involucran a Solaria Energía y Medio Ambiente.
Por qué no podemos tomar con naturalidad estos “amigos” del poder, que no vienen calladitos, compran lo que necesitan, y se abastecen sin ponernos encima un peso del tamaño de un ferrocarril, un puerto nuevo, o una generación de energía que estuviera prevista a priori por “nuestra empresa pública”.
P.D.: Mejor que fuera privada.

Riesgo energético
Asimetría contractual
Costo fiscal

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