Uruguay: cuando la formalidad se vuelve inviable

La baja productividad, la presión tributaria y el crecimiento sostenido del gasto público alimentan una estructura que castiga al sector formal y empuja actividades hacia la informalidad.

LA TRAMPA DE UN ESTADO HIPEREXTRACTIVO
La cebolla implacable: cuando el Estado obeso asfixia al que produce y al que trabaja
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Hay una postal uruguaya que se repite con la terca monotonía de los diagnósticos archiconocidos, pero jamás resueltos.
De un lado, las estadísticas oficiales nos vuelven a sacudir la modorra al recordarnos que una cuarta parte de la fuerza laboral del país se mueve en las sombras de la informalidad.
Del otro, los análisis técnicos más serios —como los reiterados balances de centros de estudio como CERES— nos advierten sobre los peligros de un Estado que gasta mal, crece por encima de sus posibilidades y pretende financiarse a base de exprimir al mismo “nabo” de siempre.
El relato políticamente correcto suele rasgarse las vestiduras, apelar a la sensibilidad discursiva y exigir con verba firme que «todos aporten» y que se formalice la economía por decreto.
Sin embargo, hay un divorcio absoluto entre esa pretensión voluntarista y la cruda realidad económica que enfrentan a diario miles de pequeñas unidades productivas, del vulgo, seres humanos que cada día le buscan la vuelta a sobrevivir.

El mito de la maldad formal y la imposibilidad real
Pretender que un microemprendedor, un taller de baja escala o un cuentapropista inmerso en ese 22,8% de informalidad absorba de la noche a la mañana la estructura de costos de la formalidad uruguaya es, sencillamente, ignorar cómo funciona la matemática elemental de los mercados.
La baja productividad de estos sectores para incluir el costo de ineficiencia del Estado no es un capricho moral ni una rebeldía fiscal: es una frontera infranqueable.
Con una economía estancada, un mercado interno de consumo estrictamente acotado y una hipercompetencia por la supervivencia, los márgenes de rentabilidad son tan estrechos que la formalidad total no es viable.
Si a ese pequeño generador de ingresos se le imponen de golpe las cargas tributarias, los aportes patronales, los seguros y los formalismos burocráticos de un Estado diseñado para corporaciones, el resultado no es la tan ansiada formalización. Es la extinción pura y simple de la actividad o el empuje definitivo hacia la más absoluta clandestinidad.
Para estos sectores, operar al margen de la ley no es un lujo de evasores seriales, sino el único reajuste de precios disponible para no fundir.

La persecución absurda y el peso sobre el contribuyente cautivo
Mientras una franja enorme de la economía opera lógicamente al margen por la propia inviabilidad del sistema, la maquinaria estatal insiste en un diagnóstico equivocado.
En lugar de revisar las rigideces normativas, achicar el aparato público y simplificar la maraña impositiva, la receta automática es la persecución burocrática: salir a cazar en un zoológico cada vez más chico.
El verdadero drama silencioso de este esquema recae sobre el sector formal.
Con tasas de evasión del Impuesto a la Renta Empresarial que superan holgadamente el 40% y un gasto público rígido que se expande sin pausa, el bache fiscal no se soluciona achicando el Estado, sino multiplicando la presión sobre el contribuyente cautivo.
Las empresas formales no solo cargan con sus propios costos operativos; cargan además con el financiamiento implícito de un Estado obeso que gasta ineficientemente, y que compensa lo que no le cobra a la economía sumergida exprimiendo al que da la cara todos los días.
Se premia de manera indirecta la informalidad que apenas sobrevive, mientras se castiga con impuestos y regulaciones asfixiantes al sector que sostiene los equilibrios macroeconómicos del país.
La espantosa paradoja es, que incluso, lo que antes era una ventaja del funcionario público amparado con estabilidad y un salario asegurado por la obesidad mórbida del gasto público, hoy también tiene que salir a la intemperie de la informalidad para completar un magro ingreso apenas de sobrevivencia.
Y lo más ridículo, el mercado obturado por gracia recibida de los privilegiados: sueldos políticos, sindicatos endogámicos poblados de privilegiados, vagos retribuidos, y prebendarios enriquecidos, pierden pie en esta maraña de asfixia colectiva que ellos mismos multiplican a diario; mientras presionan para aumentar la repartija que los excluya de la miseria.

El crecimiento gigantesco y autónomo del gasto público: un Estado que no para de crear recesión
A este drama de la base de la pirámide se le suma una macroeconomía desbocada. Como advierte Ignacio Munyo, el gasto público arrastra una inercia histórica de crecimiento continuo, autónomo y sin control real.
Si se repasa la evolución histórica, el gasto no ha hecho más que escalar administración tras administración: creció cerca de un 30% en términos reales en el primer gobierno de Vázquez, casi un 40% en el de Mujica, un 10% adicional en el segundo mandato de Vázquez y siguió trepando bajo la administración de Lacalle Pou, y otro 10% le suma ahora Orsi.
El resultado de esta expansión ininterrumpida es drástico: desde 2005, el gasto público per cápita se ha duplicado y medio en términos reales.
Los presupuestos nacionales se aprueban sobre bases de inercia ciega; se discute apenas un 1% de los recursos, mientras que el otro 99% se da por hecho, sin revisarse ni controlarse por su impacto real.
Se proyecta sistemáticamente que el gasto estatal continúe escalando muy por encima de la inflación, consolidando un aparato estatal hipertrofiado que gasta mal y cuyos servicios —lejos de mejorar— se precarizan en áreas críticas como la educación o la primera infancia.
La famosa “redistribución” que nunca toca al Estado, es una invitación a que todos vivamos mal.

La persecución absurda y el peso sobre el contribuyente cautivo
¿Cómo se financia este festival de gasto ininterrumpido?
Con un esquema financiero frágil donde, estructuralmente, de cada 100 pesos que gasta el país, 80 se pagan con impuestos y 20 se piden prestados —generalmente pequeños ahorristas, o AFAPs con inversiones obligatorias en deuda pública—, alimentando un déficit fiscal crónico y una pesada mochila de endeudamiento.
Mientras una franja enorme de la economía opera lógicamente al margen por la propia inviabilidad del sistema, la maquinaria estatal insiste en un diagnóstico equivocado.
Con tasas de evasión del Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) que superan holgadamente el 40%, la receta automática del Estado obeso no es achicarse ni revisar su propia ineficiencia, sino la persecución burocrática: salir a cazar evasores en un zoológico cada vez más chico.
Las empresas formales cargan con sus propios costos operativos, y además, con el financiamiento implícito de un Estado elefantiásico que compensa lo que no le cobra a la economía sumergida exprimiendo impositivamente al contribuyente cautivo.
Se asfixia al sector que sostiene los equilibrios macroeconómicos del país, volviéndolo crónicamente caro y menos competitivo frente al mundo.
Insistir en que la solución al subdesarrollo relativo y a la falta de competitividad pasa por apretar más las clavijas regulatorias es pelar una cebolla hasta quedarse llorando sin nada en las manos.
Si Uruguay no comprende de una buena vez que el camino es la liberalización de los factores productivos, la reducción drástica del peso estatal improductivo y la adecuación de las normas a la realidad de nuestra productividad, seguiremos atrapados en el mismo loop: un sector formal agónico castigando a fuerza de impuestos a un modelo insostenible, y una informalidad que crece porque el propio Estado, con sus exigencias desmedidas, se encarga de hacer imposible la legalidad.

Informalidad y productividad
Gasto público e inercia fiscal
Presión sobre el sector formal

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