Los peores sordos: cuando el diálogo social sustituye a la creación de riqueza

Un análisis crítico sobre los límites del diálogo social cuando se prescinde de la inversión, el trabajo y la sostenibilidad fiscal en Uruguay.

UN diálogo DE SORDOS
El imposible diálogo con adoctrinados
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Dicen, con verdad, que “no hay peor sordo que el que no quiere oír”.
Y esa es la definición de quienes han sido adoctrinados para no tener pensamiento propio.
Cuando un gobierno no tiene plan de acción propio, o quienes tendrían que aplicarlo le dicen a sus votantes que el plan es inaplicable, la alternativa para maquillar las acciónes públicas es intentar un diálogo social.
Eso resulta imposible con quienes han desconocido varias veces la decisión soberana, quieren aplicar una forma totalitaria de poder unívoco, y creen que los que piensan distinto son lumpen que no han llegado a entender su condición de infradotados intelectuales.
En ese mundo propio, ajeno a cualquier demostración de error; fundamentalista, funcionan los sordos mentales colectivistas.
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La miopía colectivista: cuando el reparto sustituye a la creación de riqueza
Algunos uruguayos, a veces circunstancial mayoría, tienen una pésima costumbre, una de esas taras mentales que los acompañan desde el fondo de la historia: creer que las cosas se solucionan simplemente decretándolas.
Cuando se expone que esa forma de ver la realidad, colisiona directamente contra el interés general, los gobernantes intentan disolverlos en el medio de un diálogo al que suman sentido crítico independiente y cálculos numéricos que explican la fatal arrogancia de quienes quieren dirigir al país directamente a un punto de disgregación económica y social, proclive a abrazar por desesperación un totalitarismo.
Entonces, nos sientan en una mesa amplia, redactan un documento pomposo, le ponemos el sello de «social», se llenan la boca de buenas intenciones y salen a repartir recursos que no dejarán producir.
¿Y saben qué pasa después?
Lo de siempre. La realidad, que es terca, implacable y no cree en discursos, les pasa por arriba; y pretenden que son violados en las conclusiones distorsionadas que obligaron a los interlocutores a hacer oír, creyendo que las aceptaron.
Miren lo que está pasando con las conclusiones de ese famoso “Diálogo Social”.
Se juntan corporaciones, burócratas y políticos del mismo signo ideológico, con una visión estrecha, sesgada y profundamente sectorizada —un verdadero festival de la izquierda ideológica— a diseñar un mundo de fantasía, que exigen al gobierno que aplique.
¿Cuál es el resultado?
Un recetario de gasto permanente que promete el oro y el moro, pero que ignora olímpicamente las únicas dos cosas que generan bienestar de verdad: la inversión privada y el trabajo libre.
No les importaron cálculos, ni fundamentos comparativos de otros desastres.
Nadie se detuvo a pensar en el pobre tipo que se levanta a las cinco de la mañana para abrir la persiana de su comercio, ni en el pequeño empresario que se juega el lomo todos los días intentando sobrevivir en un mercado ahogado por regulaciones y costos públicos impagables, un socio inútil imposible de aguantar.

En su informe técnico titulado “El gobierno evalúa las recomendaciones surgidas del Diálogo Social: implicancias económicas y riesgos fiscales”, la consultora CPA Ferrere (aquella en la que trabajaba Oddone) advirtió sobre los riesgos macroeconómicos, fiscales e institucionales de llevar a la práctica las propuestas emanadas de dicho espacio.
Los puntos centrales planteados por la consultora son los siguientes:
Tensión fiscal y aumento del gasto estructural: CPA Ferrere advierte que las iniciativas enfocadas en el combate a la pobreza infantil y la unificación de prestaciones sociales implicarán una expansión del gasto público permanente a partir de 2027.
Señalan que estas medidas se impulsan sin que en el ámbito del Diálogo Social se hayan discutido los costos reales ni sus fuentes de financiamiento, lo que presiona fuertemente un escenario fiscal que ya acumula fragilidades y un crecimiento económico del país menor al proyectado.
Riesgo sobre la calificación crediticia y el spread soberano: La consultora señala que la implementación de estas propuestas —especialmente si se perciben como un debilitamiento de las normas de sostenibilidad fiscal y previsional aprobadas en la Ley N° 20.130— podría deteriorar la confianza de los mercados internacionales.
Esto afectaría la calificación crediticia del país y provocaría un aumento del spread soberano (la sobretasa que paga la deuda uruguaya frente a los bonos de Estados Unidos).
Costo cuantitativo de la desconfianza financiera: En su estimación económica, CPA Ferrere calcula que una eventual reversión del spread de 50 puntos básicos tendría un costo directo muy significativo para el Estado uruguayo en el servicio de su deuda a largo plazo, equivalente a unos 270 millones de dólares anuales (aproximadamente un 0,3% del PIB).
Cuidado crítico sobre la causal de jubilación anticipada: Respecto a habilitar el retiro a los 60 años, la consultora enfatiza que la medida debe ser evaluada con sumo cuidado mediante rigurosas estimaciones actuariales, alertando que flexibilizar los parámetros del sistema previsional sin los debidos equilibrios financieros compromete la sostenibilidad del Banco de Previsión Social (BPS).
Incertidumbre regulatoria para el ahorro individual (AFAPs): El informe destaca que la forma en que se divulgaron inicialmente algunas de las propuestas —junto con la falta de claridad sobre el futuro de los fondos previsionales— generó ruidos e incertidumbre en el sector privado financiero, advirtiendo que cualquier alteración al pilar de capitalización individual o a su administración profesional puede minar la estabilidad institucional y desalentar la inversión de largo plazo.
Se olvidaron de la inversión.
Se olvidaron de que el capital no es un ente abstracto que vive en una nube; el capital es el ahorro que alguien sacrificó hoy para jugárselo al futuro del país.
Y si a ese inversor lo espantas con imprevisibilidad regulatoria, con manoseos al ahorro previsional de las AFAPs o con una presión fiscal insoportable, sencillamente se va. O, peor todavía, ni siquiera viene.
¿Y qué pasa cuando la inversión se espanta? Se desploma el empleo genuino, muchachos.
Se acabó la discusión.
Porque miren cómo funciona la cadena, aunque a los amigos del estatismo les cueste entenderlo: sin inversión no hay empresas; sin empresas no hay empleo privado; sin empleo privado formal se dispara la informalidad —ese infierno donde ningún trabajador tiene derechos, ni salud, ni seguridad social real— y, al final del camino, ¿saben qué aumentan de verdad?
La pobreza.
Esa misma pobreza que los “bienintencionados” dicen querer combatir a puro decreto y que terminan agravando por destruir las bases mismas de la economía.
Nos hablan de gastar más, de crear asignaciones, de flexibilizar jubilaciones a los sesenta años sin importar si las cuentas cierran o si el Banco de Previsión Social se nos funde en la cara.
Y mientras tanto, los mercados nos miran.
Las calificadoras de riesgo, los fondos de inversión que nos prestan plata para financiar el Estado, nos miran con lupa.
Nos advierten que una sola de estas medidas irresponsables puede subir el spread soberano, costándonos 270 millones de dólares al año solo en intereses de la deuda. ¡Doscientos setenta millones de dólares!
Plata de los uruguayos tirada al tacho de la basura de la irresponsabilidad fiscal, dinero que se le roba a la educación, a la salud, a la seguridad verdadera, y al desarrollo para tapar el bache de la demagogia.
Esto no es justicia social, señores.
Esto es egoísmo intertemporal.
Es hipotecar el porvenir a las nuevas generaciones para financiar los aplausos de la tribuna corporativa de hoy.
El Uruguay no sale adelante con buenas intenciones ni con resoluciones corporativas cocinadas entre cuatro paredes.
El Uruguay sale adelante liberando las fuerzas creadoras de su gente, abriendo mercados, atrayendo inversión extranjera y nacional, bajando el costo país y premiando al que emprende y trabaja.
Menos retórica colectivista, menos recetas fracasadas y más sentido común.
Porque si seguimos creyendo que se puede repartir lo que no somos capaces de producir, lo único que vamos a terminar distribuyendo, de forma democrática y equitativa, es la miseria.

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