El salario político: cuando el Estado desafía la realidad económica

La desconexión entre las retribuciones del poder público, la productividad y el esfuerzo económico de la sociedad.

EL SALARIO JUSTO
El salario político: cuando la inercia del Estado desafía la dura realidad de la economía
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Hay consensos que la política económica elude sistemáticamente por conveniencia corporativa, pero que la realidad de los números termina imponiendo tarde o temprano.
En un país donde la competitividad es el gran problema a resolver y el costo de vida asfixia tanto a los hogares como a la inversión, la producción, y el empleo, existe una asimetría estructural que rara vez se discute con la crudeza necesaria: la desconexión absoluta entre las retribuciones del sector político y la salud financiera del país que deben administrar.

La trampa de la inercia estatal y la distancia con el esfuerzo colectivo
Mientras que el sector privado opera bajo la disciplina de los mercados, lidiando con márgenes estrechos, cargas tributarias asfixiantes, costos de endeudamiento complejos, cargas salariales impuestas, y la obligación estricta de rendir cuentas para no colapsar, el sistema político se mueve en un plano inmune.
Los salarios y los presupuestos de funcionamiento de la burocracia estatal crecen por inercia. No reconocen si la economía se estanca, si la productividad global lleva años planchada o si las cuentas públicas arrastran un rojo persistente, si la mayoría de la población cobra salarios de hambre, o la pobreza está estancada y repercute en la niñez.
Administrar organismos fundidos o ineficientes no genera costos políticos ni patrimoniales para quienes toman las decisiones; ser un mal administrador por ineptitud, irresponsabilidad, o ideologismo, por el contrario, consolidan estructuras rígidas que se financian mediante impuestos o endeudamiento soberano.
Lo más grave de este aislamiento de costos sociales auto percibido es la reiterada distancia entre esos ingresos de privilegio y el esfuerzo colectivo que se le exige a la ciudadanía, en particular a los sectores más desfavorecidos.
Mientras las familias de menores recursos soportan el peso de un costo de vida elevado y una carga tributaria regresiva para sostener el aparato estatal, la dirigencia política convalida aumentos y prebendas ajenos a la penuria general.
Se predica austeridad hacia afuera mientras se blindan privilegios hacia adentro, fracturando el “contrato social” igualitario básico de equidad y solidaridad.

Irresponsabilidad fiscal, presión corporativa y endeudamiento ajeno
Esta desconexión va mucho más allá de la mera inercia: incorpora de forma sistemática gastos salariales y estructurales a pérdida que paga la sociedad, impulsados por intereses políticos o presiones corporativas, exhibiendo una profunda irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos.
Se expanden plantillas y se asignan partidas respondiendo a la lógica del clientelismo y al rédito partidario, sin importar que las arcas públicas estén exhaustas.
A esto se suma un andamiaje de discrecionalidad absoluta donde financian viajes, gastos de representación y viáticos a voluntad, sin otra limitante que sus propias prioridades personales o conveniencias de facción.
Cuando los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir estas veleidades, la administración recurre a la vía más fácil: sumar endeudamiento público a cargo del esfuerzo de quienes trabajan.
Lo verdaderamente grave es la absoluta falta de consideración ante el hecho inocultable de que estos descalificativos y caprichos los terminan pagando los demás mediante más impuestos, inflación o menores salarios reales en la economía formal. Y aún, los informales que van quedando fuera del sistema de derechos básicos.

Prioridades corporativas versus interés colectivo
Esta miopía se manifiesta con crudeza en la asignación ineficiente del gasto.
Las prioridades de la política sostienen de forma empecinada sectores del Estado a pérdida o inversiones faraónicas innecesarias, hasta, algunas que quedan tiradas sin justificación económica, priorizando la supervivencia de nichos burocráticos por encima de las verdaderas urgencias sociales.
Se destinan recursos millonarios a sostener estructuras ineficientes que otorgan escaso valor a la comunidad, mientras se postergan inversiones críticas en educación, infraestructura social o seguridad.
Esta lógica opera directamente en contra del interés colectivo, consolidando una competencia desleal de salarios públicos complacientes frente a un sector privado que padece restricciones reales.

Hacia un salario justo relativo nacional
Para romper con este sesgo corporativo, se necesita audacia reformista y un cambio conceptual profundo: vincular las retribuciones y privilegios del sector público a las circunstancias del país, a su productividad real; y a una estricta rendición de cuentas.
Una política salarial justa y moderna en la función pública debería regirse bajo tres principios básicos:
Indexación al esfuerzo país y social: Las remuneraciones de los altos cargos políticos no pueden blindarse de las crisis ni marchar por una vía rápida independiente del bienestar general. Si el producto se retrae, el ingreso de los contribuyentes cae y los sectores vulnerables sufren, la política debe participar de las contingencias nacionales, eliminando la brecha inmoral entre el gobernante y el ciudadano.
Presupuestos basados en resultados y gobernanza eficiente: Es imperativo abandonar la lógica de inercia presupuestaria. La asignación de recursos, viáticos y retribuciones debe depender de metas cumplidas y de una austeridad obligatoria, erradicando los subsidios a organismos y gastos políticos inviables y redirigiendo el gasto hacia las verdaderas prioridades de la sociedad.
Alineación de incentivos y responsabilidad patrimonial: Cuando administrar mal, viajar sin control, apropiarse de viáticos indebidamente y endeudar al país por caprichos corporativos no tiene consecuencias económicas personales ni institucionales, se fomenta el despilfarro que destruye las bases económicas y los valores de responsabilidad de toda la sociedad.
Al atar el bienestar del administrador al bienestar medible de la comunidad administrada y exigirle responder por el déficit que genera, se restituye el sentido original de la función pública: servir al ciudadano y no servirse de él, tal como disponen los artículos 58 y 59 de nuestra Constitución: “el funcionario está al servicio de la Nación y no de una facción política. Y, “el funcionario existe para la función y no la función para beneficio del funcionario”.
La competitividad y el desarrollo no son solo un problema de tarifas o tipo de cambio; son, en esencia, un problema de calidad institucional y justicia distributiva.
Sanear las cuentas públicas y equilibrar la cancha requiere que la política, y los políticos concretamente, asuman su cuota de realidad y decencia.
Solo así el Estado dejará de ser un peso muerto sobre los hombros del sector productivo y un agente de desigualdad frente al ciudadano de a pie.

Retribuciones del sector político
Responsabilidad fiscal
Salario público y productividad

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