El ministro reculó: AFAP, deuda y el costo de no competir

La marcha atrás sobre las AFAP expone los límites de la deuda pública y el peso del corporativismo sobre las reformas que Uruguay continúa postergando.

EL MINISTRO RECULÓ
El espejismo de la trampa mediana: entre la nostalgia corporativa y la urgencia de competir
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Ante el «ruido» generado en los mercados y las advertencias de diversos actores políticos y económicos, el gobierno optó por un esquema de transición moderada: se centralizaron aspectos logísticos de la información y la gestión de seguros, pero se preservó el vínculo operativo de las AFAP con los afiliados y se abrió la puerta a una mayor diversificación de sus inversiones en el exterior, desactivando los temores de un cambio de reglas abrupto.
Este mensaje encierra una espantosa hipocresía. El ministro de Economía Oddone, que había auspiciado alegremente la propuesta del diálogo socialista de estatizar las AFAP (Administradoras de Fondos Previsionales) reculó en chancletas cuando “el mercado” (en realidad los que le prestan) le obligó a retirar por falta de ofertas una emisión de deuda.
Lo más impresionante es que el ministro es el técnico económico “estrella” del gobierno, acostumbrado a medir las oportunidades y restricciones del mercado de capitales en su gestión privada, no “advirtió” a priori, las consecuencias de sumarse a estatizar una de las pocas fuentes de financiamiento que le quedan: los ahorros previsionales de los trabajadores; seriamente comprometidos por estar obligados a prestarle a un cuasi insolvente que dirige, el ministro.
El ministro se enfurece con quienes advirtieron el dislate; pero, no tiene otro remedio que reconocer las rigideces de un endeudamiento que ya linda con el 65% del PIB, superando la auto regla fiscal que marcó el propio ministro.
El desafío de sostener el ritmo de la actividad, atender las rigideces del gasto sin erosionar la credibilidad institucional continúa siendo la prueba de fuego más exigente para la administración en materia económica.
Ya que, de ordenar el gasto público, equilibrar un presupuesto desquiciado que aumenta la Rendición de Cuentas, y limitar el desenfreno de compras públicas impertinentes, ni hablamos.
Uruguay vive instalado en una “confortable” autocomplacencia. Durante más de dos décadas hemos perfeccionado el arte de gestionar la “estabilidad macroeconómica”, blindando al país de los recurrentes exabruptos y crisis de nuestros vecinos.
Hoy presumimos del riesgo país más bajo de la región y de un sistema institucional previsible. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad se esconde una realidad inocultable: estamos atascados en un crecimiento mediocre del 1% anual de un PIB nominal de US$ 20.900 millones a junio 2025; debemos los uruguayos U$S 50.300 millones a diciembre 2025.
En realidad, el Estado exprime tanto al sector productivo que no le permite crecer.
A este ritmo, la promesa de prosperidad y el sostenimiento de nuestro modelo de convivencia social se vuelven “insostenibles”.
Las recientes discusiones en torno al rumbo económico —desde las reticencias para modernizar el mercado previsional hasta los debates sobre el costo de la energía y los combustibles— desnudan el verdadero cuello de botella del Uruguay moderno: la economía política de los corporativismos y el miedo patológico a «pisar callos».

El peso muerto de la microeconomía
Es fácil coincidir en los grandes diagnósticos.
Economistas de todas las corrientes y analistas internacionales repiten hasta el hartazgo que el problema de Uruguay ya no es, únicamente, la macro, sino la micro.
El problema es que cuando la teoría económica se choca con la realidad de las corporaciones, los ministerios descubren que el statu quo tiene muchos más defensores de los que sugieren los discursos oficiales.
Tomemos el ejemplo eterno de la energía y los combustibles.
Mantener la ficción de un precio uniforme y un suministro absoluto en cada rincón del territorio nacional —aun con bajas densidades poblacionales— tiene un costo oculto monumental.
Carga pesadas mochilas sobre el sector productivo: subsidios cruzados, ineficiencias logísticas, monopolios protectores y estructuras anquilosadas que penalizan al que emprende y exporta.
Cuando se intenta reformar este entramado, la política cede sistemáticamente ante la presión de los sectores organizados.
Se postergan las decisiones bajo la premisa de que «no es el momento político», pateando el problema para la siguiente administración. Así, el país se va asfixiando lentamente en una sopa de privilegios sectoriales.

El dilema del ahorro y la confianza
La discusión reciente sobre el destino de los fondos previsionales ilustra a la perfección esta tensión entre la pulsión redistributiva y las leyes de gravedad económica.
Bajo la influencia de visiones que miran con recelo la capitalización individual, se deslizan propuestas de centralización que coquetean con la idea de utilizar el ahorro de los trabajadores como una palanca extra de financiamiento estatal o de intervención dirigida.
“Afortunadamente”, la cruda realidad de los mercados financieros actúa como un freno de mano indispensable.
Con un nivel de endeudamiento público que opera al límite de las tolerancias recomendables, Uruguay no se puede dar el lujo de emitir señales equívocas a los inversores institucionales y a quienes respaldan la deuda soberana.
Cualquier atisbo de vulneración a la propiedad privada del ahorro previsional o a las reglas de juego del mercado de capitales repercute inmediatamente en la confianza externa y encarece el financiamiento del Estado.
Flexibilizar los topes de inversión en el exterior para diversificar el riesgo y proteger el rendimiento de los futuros jubilados no es un capricho tecnocrático; es una necesidad imperiosa ante un fondo que ya supera el 30% del PIB y cuyos recursos exceden con creces las opciones de absorción de nuestra plaza local.

El desafío de liderar hacia adelante
Las sociedades maduras que alcanzan altos niveles de desarrollo enfrentan tarde o temprano este empantanamiento regulatorio.
Las democracias “consolidadas” (degeneradas por debilidad política) generan incentivos perversos donde los grupos de interés capturan a los reguladores.
Salir de este laberinto no requiere de voluntarismos mesiánicos, sino de liderazgos dispuestos a asumir el costo político de desafiar el corporativismo.
Uruguay necesita con urgencia una agenda de reformas promercado y procompetencia: desburocratizar el Estado, bajar drásticamente los costos logísticos —empezando por la eficiencia portuaria—, abrir la economía a los flujos globales y consolidar una cultura de asunción de riesgos en el sector privado.
Seguir administrando la inercia con parches tibios es condenarnos a la irrelevancia. La estabilidad macroeconómica es el cimiento indispensable, pero sin una verdadera revolución microeconómica, y un ajuste con motosierra de la macro, que premie la productividad y la libertad de elegir, seguiremos celebrando, por ahora, “con orgullo” un mediocre 1%, mientras el mundo avanza a velocidad de crucero.

Deuda pública y credibilidad
AFAP y ahorro previsional
Reformas promercado y competencia

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