EL GRAN SAQUEO SILENCIOSO

Cuando la izquierda decidió confiscar el futuro del trabajador y de la pequeña empresa

EL GRAN SAQUEO SILENCIOSO
Cuando la izquierda decidió confiscar el futuro del trabajador y de la pequeña empresa
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Los efectos perversos en lo económico y en lo social de las políticas de izquierda perduran y son difíciles de revertir, en razón de su fundamentalismo redistributivo salvaje, y la presión de los corporativismos que alienta, en especial desde las cúpulas sindicales comunista.
Quizás el más perverso en nuestro país desde que asumieron el gobierno en el año 2005, y antes en la Intendencia de Montevideo, es la explosión fiscal que busca desesperadamente extraer recursos de la sociedad, sin medir el daño en la sustentabilidad de la productividad empresaria, y particularmente en el trabajo.
Ese impacto es mortalmente destructivo del tejido social particularmente en los sectores económicos medio y bajo de la sociedad, ya que sufren el deterioro del poder adquisitivo directamente, y el rompimiento de la escalera de ascenso social.
En una sociedad con un mercado productivo reducido de oferta y demanda, quitarle recursos que sustentan su equilibrio equivale a matarla.
Esto ha sucedido, y sucede en todos aquellos órdenes económicos en los que se han requisado las bases mismas del empleo, la formación para el mismo, y por consecuencia, frenado la producción.
Revertir una decisión fiscal que reparte recursos como dádivas y subsidios, prebendas y canonjías, cargos públicos multiplicados y corruptelas, es sumamente difícil para el que quiera volver al quicio racional sustentable de la economía humana.
Hay promesas que se redactan con tinta de esperanza, pero se ejecutan con la fría precisión de una hoja de afeitar.
Bajo el manto de la «equidad distributiva» y la modernidad tecnocrática, la reforma tributaria encabezada por Danilo Astori se vendió como un acto de estricta justicia social.
La narrativa oficial era seductora: un impuesto a la renta que por fin haría pagar a los que más tienen, compensado —supuestamente— por un alivio en los impuestos indirectos al consumo, como el IVA, que asfixiaban a los más vulnerables.
Pero la realidad, implacable y devoradora, destrozó el espejismo.
Aquel diseño tributario no fue más que el acta fundacional de un infierno fiscal, el principio sistemático de arrebatarle al trabajador uruguayo el fruto sagrado de su esfuerzo y su mínima capacidad de ahorro.
También por si acaso, se confiscó por consecuencia el sistema público de jubilaciones, ya que los aportes se hacían cada vez más pesados.
De aquí a la multiplicación de la informalidad hubo apenas un solo paso.

La gran mentira del alivio: Prometer para saquear
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Se implementó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) bajo la promesa solemne de que el peso del IVA descendería para aliviar a los confiscados por ese impuesto el costo de su capacidad de consumo.
El ciudadano creyó.
Confió en que el Estado y su gobierno de izquierda eran sensatos, racionales, en su infinita benevolencia democrática y republicana, pensó que se equilibraría la balanza.
No era sustentable aplicar una quita al salario y a la vez mantener un impuesto recaudatorio sobre las compras diarias.
La promesa se desvaneció en el aire.
El IVA nunca bajó de manera real ni estructural.
El Estado gobernado por la izquierda, lejos de elegir entre un modelo u otro, se quedó con todo: mantuvo intacto el impuesto más regresivo al consumo y, encima, le sumó una maquinaria implacable de extracción sobre los sueldos.
Fue el nacimiento del doble castigo: se castiga al individuo por lo que gana al levantarse cada mañana y sale a ver si consigue sustentarse trabajando, y se le vuelve a castigar con saña cuando acude al mercado a comprar lo indispensable para subsistir.

La voracidad de la bestia: Cuando la realidad supera el cinismo

Las cifras del despojo revelan la verdadera magnitud de la tragedia.
Lo que se proyectó tímidamente y se prometió solemnemente en los papeles como una recaudación moderada —apenas unos 450 millones— se transformó rápidamente en un tsunami confiscatorio de más de 1.450 millones de dólares que inundaron las arcas públicas.
No de “rentas” que no era allí donde percutía el tributo; sino de sueldos.
No se descontaba lo imprescindible para vivir del esfuerzo del trabajador. Prácticamente, apenas se le debitó lo mínimo de la cuota para vivienda, mientras además debía pagar precios con el IVA que nunca se bajó realmente.
Ese abismo monumental entre lo calculado y lo recaudado no fue un error de cálculo contable; fue la radiografía de una voracidad insaciable del redistribuidor.
No fueron los más ricos los afectados; fueron los asalariados formales.
Millones y millones de pesos que debieron permanecer en los bolsillos de los individuos que laboran, alimentando el ahorro familiar, forjando capital propio o permitiendo planificar un futuro con dignidad, fueron arrancados de cuajo de la economía privada.
El dinero de los ciudadanos pasó a ser botín de guerra de una burocracia sedienta.

El castigo al mérito: Trabajar más para hundirse más

Lo más perverso de este esquema es cómo destruyó los cimientos del mérito y el progreso personal. Construyó el dilema de trabajar para vivir en blanco, o, subsistir en negro. Animarse a acumular trabajo, tener más de un empleo era un suicidio.
Se consideraba renta acumular recursos esenciales para mejorar apenas la calidad de vida familiar.
En el Uruguay post-reforma, las reglas del juego condenan al esfuerzo, que confunde trabajador con rentista.
A medida que el trabajador se rompe el lomo, busca superarse, hace horas extras o escala peldaños a base de talento y sacrificio, la progresividad confiscatoria del IRPF actúa como un ancla invisible pero letal.
Cuanto más crece el ingreso nominal, más agresiva es la mordisca del Estado.
El resultado es desgarrador: el poder adquisitivo se evapora, la capacidad de ahorro básico se reduce a cenizas y el trabajador descubre con amargura que el sistema lo castiga por si intenta prosperar.
Debe conformarse con un sueldo formal bajo o requisado, y un impuesto a lo que consume alto y confiscatorio también de su capacidad adquisitiva.
Progresar dejó de ser un premio para convertirse en un delito de lesa renta penalizado por la hacienda pública.

La fábrica de la exclusión: Un 30% a la intemperie

Pero el golpe más cruel de esta arquitectura tributaria no se limitó a castigar al formal; su peso agobiante transformó al país en una implacable fábrica de trabajadores informales; y pobres sin capacidad de consumo.
Se construyó el Uruguay “país caro”.
Atrapados entre cargas sociales asfixiantes, costos laborales altísimos y un sistema que exprime tanto al empleador como al empleado, miles de uruguayos fueron empujados al margen del sistema de empleo.
Hoy, casi un 30% de la masa laboral sobrevive en la más absoluta informalidad, condenados a la intemperie institucional: sin derechos laborales de ningún tipo, sin cobertura de salud protegida, sin aportes jubilatorios ni perspectivas de una vejez digna.
La voracidad fiscal, lejos de proteger al débil, destruyó los incentivos para la formalización y creó una legión de ciudadanos descartables, desprovistos de toda red de seguridad.

¿Dónde quedó el botín?

Y la gran pregunta que resuena con eco fantasmal en hospitales colapsados, en escuelas y liceos públicos desfondados y en rutas grises es: ¿dónde quedó todo ese dinero?
Los miles de millones extraídos a fuerza de impuesto y sudor no se tradujeron en mejores servicios públicos.
No hay una salud de élite, ni una educación que compita con el primer mundo, ni una seguridad blindada.
El botín colosal simplemente sirvió a la izquierda para alimentar a un Estado ogro, obeso, lleno de grasa burocrática, un aparato político inflado que crece a expensas de la asfixia del sector productivo.
La reforma tributaria de Astori no reformó nada para bien; institucionalizó el expolio, el amiguismo, el nepotismo, el “compañerismo”.
Convirtió al Estado en un socio parasitario que se queda con la tajada del león del consumo del pobre, sin arriesgar un centavo, dejando a una gran parte de la sociedad en la informalidad, y al trabajador formal atrapado en un laberinto fiscal donde el ahorro es un lujo prohibido y el futuro, un privilegio confiscado antes de nacer.

Presión fiscal y trabajo
Ahorro y formalidad
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