Bauzá contra el poder de las mayorías accidentales

Una defensa constitucional frente al destierro de Santos ilumina el riesgo permanente de usar la ley para torcer la soberanía popular.

Después del atentado contra su vida el general Santos terminó resignando su presidencia en ejercicio y se fue para Europa con su familia.
Electo el general Tajes llevó como ministro de Gobierno al Dr. Julio Herrera y Obes, hombre que odiaba profundamente a Santos y que ejerció una gran influencia sobre el novel mandatario.
Es así que Tajes, temiendo una insurrección disolvió regimientos e hizo pasar a retiro a muchos militares.
Cuando Santos, que había viajado a Europa para, como dijo, «atender mi salud y no hacer incurable una enfermedad de suyo muy grave», intentó retornar al Uruguay encontró prohibido el acceso.
Al llegar a la Isla de Flores a bordo del Mateo Bruzzo el 11 de febrero de 1887 tuvo que trasladarse a un buque inglés rumbo a Río de Janeiro.
A propuesta del Ejecutivo el Parlamento había aprobado su destierro.
Entre los pocos que se opusieron a la inconstitucional medida se alzó la voz de Bauzá.
Y no para defender particularmente al Capitán General caído en desgracia, sino porque «la virtud constitucional estriba, no en acatar la Constitución cuando nos conviene, sino cuando no nos conviene».
A pura lógica
El mensaje del Ejecutivo estaba influido «por una corriente artificial [que] cree al país amagado de un cataclismo [y] nos quiere contagiar, nos quiere complicar en la coparticipación de terrores infundados».
Señala Bauzá que la prueba de la inexistencia de ese estado de alarma es clara: la disolución del 5° de Cazadores, bastión santista sospechado de conspiración fue aceptada pacíficamente.
Esto era bien significativo de que no existía motivo alguno para suponer una insurrección militar.
Pero, además, esa sanción que se proponía aplicar contra Santos, carecía de «forma de juicio y sentencia legal», dice Bauzá.
Y que esto suponía un precedente peligroso, porque estos actos «se arrancan a la jurisdicción especial que la Constitución les señala, para someterlos al capricho de mayorías parlamentarias accidentales».
Y con esto Bauzá pone sobre la mesa, el enorme riesgo que supone que una mayoría incidental pueda adoptar decisiones que contradigan la Constitución e irrespetar la voluntad de la soberanía nacional.
Una soberanía que como decía en 1830 y mantiene la actual Constitución «en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación».
La historia no está exenta de similares situaciones, que no deberían suceder en democracias consolidadas.
Así, como postuló Polibio y recoge el tango, «la historia vuelve a repetirse».
Aunque en este caso no se trata de una «muñequita dulce y rubia», sino de una exigua mayoría de puño cerrado.
Y esta es una buena muestra del uso perverso de la relación entre lo jurídico y lo político.
En el Uruguay de 1986 el Parlamento democrático aprueba la Ley de Caducidad, una norma de espíritu similar a la Ley que amnistió los delitos de las organizaciones terroristas.
Impugnada la Ley, en 1989 se realiza un referéndum y la ciudadanía decide mantenerla.
En 2005, la izquierda accede al gobierno y comienza a maniobrar para abatir la ley, aunque manteniendo la de amnistía a los terroristas.
Se inicia una recolección de firmas proponiendo una reforma constitucional.
En 2009 la ciudadanía rechaza la iniciativa.
Esto es: entre 1989 y 2009 la soberanía popular ratificó doblemente la ley.
Una Ley aprobada por un parlamento electo por el pueblo, y ratificada en dos compulsas de ejercicio de la democracia directa.
En 2011, con la izquierda en el gobierno se aprueba una Ley «interpretativa», la N° 18.831, por la que se restablece la pretensión punitiva del Estado y se comienza a apresar a militares que actuaron en la década del 70.
Señala Bauzá, que:
«todo hombre investido de autoridad, acumula contra sí odiosidades.
Entre nosotros, y desde algunos años a esta parte, esa explosión de malquerencias toma un carácter aterrador, no solo por la forma en que actúa contra el poderoso, sino por la persecución con que trata de aplastarle luego que abandona el mando.
La prensa pública es el barómetro de esta coacción depresiva, dando el ejemplo de dividirse en sostenedora y opositora del gobierno imperante, y el de unirse como denigradora de ese mismo gobierno luego que cae».
No viene mal en los tiempos que corren repasar estos discursos.

Constitución frente al poder.
Mayorías accidentales.
Soberanía popular.

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