El chantaje de los inimputables

Cómo la irresponsabilidad electoral y la demagogia política terminan trasladando los costos del fracaso a quienes intentan evitar el colapso institucional.

EL CHANTAJE DE LOS INIMPUTABLES
El secuestro de la sensatez: el perverso negocio de la irresponsabilidad política
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Existe una anomalía en el funcionamiento de nuestras democracias contemporáneas que la ciencia política prefiere maquillar bajo el noble concepto de «soberanía popular», pero que en la práctica opera como un mecanismo de extorsión institucional.
Hablo de la perfecta e indignante impunidad que rodea tanto al gobernante demagogo como al votante irresponsable, una dinámica perversa donde los platos rotos de la fiesta populista siempre terminan en la mesa de quienes advirtieron el desastre.
El ciclo es tan predecible como macabro.
Un candidato promete el oro y el moro, soluciones mágicas a problemas estructurales complejos que ignora adrede por conveniencia electoral.
El ciudadano, movido por el voluntarismo o la simple pereza intelectual, compra la quimera.
Aquí opera lo que el economista Bryan Caplan denominó con lucidez la «irracionalidad racional»: como el voto individual rara vez define una elección, sufragar carece de un costo económico o penal directo para quien lo emite.
El votante se siente con derecho a la inimputabilidad.
Puede votar la mayor de las aberraciones fiscales o institucionales con el estómago o el prejuicio, sabiendo que, si todo vuela por los aires, la culpa se licuará en la masa colectiva.
El “error” político sale gratis en las urnas.
Pero el verdadero drama comienza cuando ese dogma choca contra el muro de la realidad.
Cuando las políticas insostenibles empiezan a vaciar las arcas públicas o a desbocar la inflación de precios, a hacer ilusorio el poder adquisitivo de parte del salario que se come el fisco, a profundizar dádivas supuestamente de “justicia social”.
El gobierno de turno no frena; dobla la apuesta, amparado en la legitimidad de origen que le dieron las mayorías de esos votantes inimputables, irresponsables, o que aspiran a compartir la corrupción de Estado.
Es allí donde se activa una de las trampas más injustas del sistema: el chantaje a la oposición.
Bajo la lógica del riesgo moral —un concepto que la teoría de la Public Choice ha analizado al detalle—, los gobernantes irresponsables saben que la oposición seria, aquella que conserva nociones mínimas de República y estabilidad, no puede darse el lujo de contemplar pasivamente cómo el país cae al abismo.
Para evitar profundizar una crisis humanitaria o un default destructivo, la oposición se ve forzada a consensuar, a votar el “mal menor”; a soportar inútiles sin referencia en cargos importantes; a proteger a los “peor es otro”; y a sostener una “mala” gobernabilidad que el propio oficialismo dinamita desde adentro para cumplir con la interna más feroz.
Los sensatos quedan atrapados: si ayudan a evitar el colapso, salvan al gobierno de su propio fracaso; si se niegan, son acusados de «desestabilizadores» y cargan con la culpa de la crisis.
Una de las características más evidentes de este tipo de inservibles colocados en el poder por esa vieja irresponsabilidad es el llamado “a colaborar” a la oposición.
El irresponsable conduce el auto hacia el precipicio sabiendo que el copiloto racional pisará el freno por él.
La culminación de esta farsa, sin embargo, se da en el terreno del relato, y nadie desarmó mejor esa tramoya que Albert O. Hirschman en sus tesis sobre la intransigencia.
Cuando el inevitable estancamiento, el desbarranque, o la mediocridad de la gestión se vuelven inocultables, el libreto populista despliega la retórica del boicot: «No nos dejaron gobernar».
La culpa del fracaso jamás es de la inviabilidad de las promesas originales, incluso autoproclamadas, sino de las «fuerzas oscuras», la máquina de impedir de la oposición o los límites institucionales que les frustraron profundizar el modelo.
Se hacen absolutamente inimputables por sus acciones, “amenazando” con que los sustitutos pueden ser mucho peores porque van a profundizar las acciones demoledoras de sus propuestas ideológicas.
Es una pirueta retórica perfecta.
Al desplazar la responsabilidad hacia el adversario que debe salvarlos del desastre para no hundir al país, el gobierno no solo limpia su culpa, sino que resetea la ilusión.
La división democrática entre mayoría y minoría que debiera cooperar en el gobierno, pasa a ser un chantaje estúpido: “miren que podemos hacérsela peor al país”.
Aceptar cualquier chantaje tiene consecuencias.
Y en este caso la peor de todas es opacar, ocultar, mimetizar un gobierno desastroso compartiendo su responsabilidad ineludible: gobernar para el bien común, o exponer la sevicia del relato mentiroso que indujo a algún votante a pensar que la ilusión circense podía ser real.
Si se propusieron determinadas soluciones a priori imposibles; si se llegó al gobierno democráticamente y no se cuenta con personas idóneas pese que el eslogan era: “el gobierno de los mejores”, “que gobierne la honestidad”, no se puede exigir a quien tiene la obligación constitucional de controlar que ablande su auditoría de gestión bajo palio de que los suplentes al cuadro titular son mucho más fundamentalistas, mentirosos, y tienen una compulsión comprobada a la apropiación indebida.
Ese riesgo coloca a quienes disienten con las políticas económicas y sociales en la bolsa de “la casta”; y pagará sus consecuencias.
Si fueron electos para gobernar porque su propuesta fue la que “compró” más votos: que gobiernen, y se hagan responsables de las consecuencias de sus acciones íntegramente.
Así se expone realmente ante la ciudadanía el costo de oportunidad de la elección de los gobernantes.
De lo contrario, nace así la falacia de la segunda oportunidad: «Si volvemos, y esta vez nos dan todo el poder, ahora sí cumpliremos con los cambios».
Lo trágico es que el votante inimputable, en un esfuerzo desesperado por proteger su propio ego y no admitir que fue estafado, vuelve a comprar el argumento.
Mantener una república en pie bajo estas reglas de juego es una tarea quijotesca.
Mientras el sistema político premie el relato victimista y castigue la responsabilidad fiscal e institucional, seguiremos asistiendo al mismo espantoso espectáculo: minorías ruidosas destruyendo el futuro bajo la mirada cómplice de mayorías que reclaman el derecho a no hacerse cargo de sus decisiones.
Por el bien de todos: dejen que el votante se haga responsable; dejen que el gobierno exponga en toda su crudeza que no tiene rumbo superador; que quería llegar, simplemente, para abusar de engañar a quienes los votaron, y a quienes los tenemos que soportar por castigo democrático.

Responsabilidad política
Riesgo moral
Demagogia electoral

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