¿Gobernar o administrar? El costo moral de invertir donde no importa

Cuando las decisiones presupuestarias privilegian activos estatales antes que la infancia vulnerable, el problema deja de ser económico para convertirse en una cuestión ética.

EL EQUÍVOCO MANDATO DE NO GOBERNAR
El Precio de las Prioridades:
Cuando la Estética del Poder supera a la Ética de la Necesidad
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

La política, en su expresión más descarnada, no se define por los discursos de campaña ni por las promesas de prosperidad compartida.
Se define, de manera incuestionable, por el gasto.
Cada dólar que sale del erario público lleva impreso el ADN de lo que una administración considera vital y de lo que considera, simplemente, un costo tolerable.
En este contexto, nos enfrentamos a una contradicción moral que estremece los cimientos del contrato social: la adquisición de una estancia por un valor de 32,5 millones de dólares frente a una asignación presupuestaria de apenas 31 millones de dólares destinada a la niñez carenciada.

La aritmética de la deshumanización
Los números no tienen ideología, pero tienen una capacidad brutal para revelar prioridades.
Cuando un Estado decide que un activo inmobiliario de lujo —un símbolo de estatus, de tierra, de poder señorial— vale más, por sí solo, que la inversión destinada a romper el ciclo de la pobreza infantil, se ha superado un umbral peligroso.
Esta disparidad numérica expone varias consecuencias devastadoras:
La erosión de la legitimidad del contrato social que basado en la premisa de que el sacrificio de los contribuyentes se traduce en bienestar colectivo.
Cuando el Estado prioriza el lujo sobre la vulnerabilidad, o sostiene reductos a pérdida permanente (como el portland de ANCAP) el ciudadano percibe que el aparato público no es un motor de desarrollo, sino un aparato al servicio de una élite desconectada de la realidad.
La infancia en situación de carencia no tiene «tiempo» para esperar a que los ciclos macroeconómicos maduren, o que llegue otro ministro que asuma que su mandato político es ordenar prioridades, y no adaptarse a lo que asume fue el mandato de las urnas.
Cada día de desnutrición, de falta de acceso a la alimentación adecuada, acceso educativo de calidad o precariedad habitacional es una pérdida irreversible de capital humano. El capital más importante de cualquier sociedad.
Al destinar menos recursos a la niñez que a una propiedad de lujo o a comprar otra camioneta para el presidente, o peor a viajes y viáticos improductivos, el Estado está, de facto, financiando la desigualdad presente y futura.
Cuando quien dirige la economía dice que este gobierno no recibió un mandato político de “ajustar” el gasto, la desproporción del mal gasto heredado y la suma de más gasto infame, envía un mensaje demoledor: la niñez pobre es un gasto, mientras que la acumulación de activos es una inversión.
Cuando la política pública se despoja de su función protectora, el cinismo se instala en la sociedad, fracturando la confianza necesaria para cualquier proyecto de país a largo plazo.
La falta de una inversión agresiva en la primera infancia no es un ahorro; es una hipoteca.
Y cuando la restricción económica natural está gritando el abuso político de recursos que hasta se entierran en un empréstito, la infamia toma la condición penalmente relevante de rapiña con el revólver de una ley presupuestal.
Las consecuencias de esta negligencia financiera se pagarán con creces en el futuro:
Con un costo social diferido: El Estado que no invierte hoy en la nutrición y estimulación de sus niños pagará mañana el costo de la inseguridad, el fracaso escolar y la baja productividad laboral.
Con la trampa del subdesarrollo: Una sociedad que normaliza que una propiedad privada o un endeudamiento no corregido tengan más valor presupuestario que el presente de su niñez es una sociedad que ha renunciado a su futuro.
Se perpetúa el subdesarrollo no por falta de recursos, sino por una alteración mental ideológica grave en la asignación de los mismos.
Se normaliza la indiferencia cuando los hacedores de política pueden defender o ignorar esta comparación sin costo político presente; pero, que las encuestas exponen que la sociedad entera comienza a rebelarse.
La indiferencia ante la pobreza infantil, permanentemente procrastinada, se vuelve cultural, y la ética política se reduce a una cuestión de gestión contable, desprovista de cualquier compromiso humano.
Una reflexión final
No estamos hablando simplemente de una decisión de presupuesto; estamos hablando de una declaración de principios.
En el balance final de una nación, el valor de una estancia, por más imponente que sea, siempre será irrisorio comparado con el valor de un niño que crece con salud, educación y oportunidades.
Si el Estado uruguayo —o cualquier nación— insiste en valorar más los activos o sostener 175 empleados públicos que cuestan 30 millones de dólares anuales a cambio de miles de personas pobres, la pregunta no es si el presupuesto es «ajustable» o no por quienes eligieron al presidente que designó a este ministro.
La pregunta es: ¿a qué estamos ajustando nuestra moralidad?
La cruda realidad es que un país que compra estancias y mantiene agujeros públicos mientras sus niños carecen de lo básico no está ahorrando; está, lenta y dolorosamente, vendiendo su futuro.
Es evidente que la indignación que surge de esa comparación —32.5 millones en una estancia frente a 31 millones para la niñez— no es solo una crítica presupuestaria; es una denuncia sobre el alma pútrida de la gestión pública.

Prioridades presupuestarias
Ética del gasto público
Infancia y desarrollo

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