Cuando la militancia sustituye a la gestión, el Estado deja de servir al ciudadano para convertirse en instrumento de afirmación ideológica.
UN GOBIERNO DE IZQUIERDA CUMPLE
Un gobierno de izquierda avanza hacia su ideología
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano
Se ha cometido la inconsistencia de incorporar al sistema democrático-republicano liberal a partidos de izquierda, muchos de ellos reconvertidos desde el terrorismo y la guerrilla.
Se traslada la misma inconsistencia pensando que un gobierno de izquierda le miente a la ciudadanía cuando milita en lugar de gobernar.
La izquierda forma la cabeza de sus militantes para que lo único que importe es el objetivo teleológico de destruir la sociedad liberal en cada acción, aunque sea contraria a la razón, a la lógica del interés público; al crecimiento económico perjudicando el aparato productivo; inmoral, y corrupta.
Lo que para una persona no formateada es una mentira entre lo que se prometió en campaña para alcanzar el poder y las acciones de gobierno, para un militante es una acción directa contra el sistema que se quiere destruir.
La Ética del Gasto y el Simbolismo de la Pobreza
La crítica moral al gasto discrecional y la sustitución de técnicos por militantes.
Un gobierno que se autodefine como defensor de los desposeídos que inaugura su gestión con la compra de una estancia de 32 millones de dólares —María Dolores— incurriría en una flagrante contradicción con el objetivo supuesto de priorizar atender la niñez carenciada, que trasciende lo económico: es una quiebra moral. Es corrupción.
En un análisis ideológico de izquierda es una reivindicación al líder.
El gasto público no es un maná caído del cielo; es el fruto del esfuerzo de individuos que ceden parte de su vida de trabajo bajo la promesa de una administración honesta.
Cuando esa administración se convierte en una agencia de colocación de militantes, desplazando la idoneidad técnica por la lealtad política, el Estado deja de ser una herramienta de servicio al que paga para sostenerlo, para transformarse en un botín de guerra.
La redistribución de la riqueza, bandera clásica de la izquierda, se convierte en la práctica en una redistribución de privilegios hacia la casta burocrática que irrita y polariza. Objetivo intencionalmente perseguido.
La regla fiscal del gobierno anterior buscó poner freno al gasto público; la izquierda la sustituyó por un límite virtual al endeudamiento, que en apenas año y poco ya ha superado.
El ministro de economía renunció hace tiempo al socialismo, se dice “liberal de izquierda”; primó la izquierda cuando no dudó en catalogar como error estratégico que el candidato a presidente de izquierda prometiera a no aumentar impuestos. Y en el poder los aumentaron sin ningún prurito.
El aumento de la carga tributaria no se traduce en mejores hospitales, trabajo o seguridad, sino en la ampliación de una estructura elefantiásica del Estado que prioriza el simbolismo ideológico sobre la gestión.
Al anular contratos con privados que aportaban sus propios recursos para financiar una obra de interés público como Arazatí, el Estado no está «recuperando soberanía», está recuperando poder y transfiriendo riesgos que el contribuyente no debería pagar.
Es una gestión basada en el «como si»: como si el dinero fuera infinito, como si la militancia otorgara sabiduría y como si la historia no castigara el despilfarro con la decadencia social.
Nada toca la izquierda estratégicamente de los privilegiados ingresos de los políticos. Financian su acumulación de fuerzas y mantiene tranquila a la oposición.
Es conmovedor ver cómo el progresismo combate la desigualdad creando una nueva clase social: la de los burócratas que viven como reyes hablando en nombre de los pobres.
Comprar una estancia de lujo con dinero de los más pobres para honrar la austeridad de un líder es el tipo de gimnasia mental que solo un presupuesto ilimitado izquierdista puede sostener.
La militancia es un excelente combustible para ganar elecciones, pero un pésimo motor para gestionar la realidad; lamentablemente, la realidad económica y social no acepta votos en lugar de resultados.
Cuando los economistas no ideologizados analizan la deriva de deuda de un gobierno de izquierda se estremecen por la injerencia creciente del Estado en el derecho de propiedad de la gente; ingenuidad propia de quienes creen que se gobierna para el pueblo; la izquierda gobierna para sí misma.
El desplazamiento de perfiles técnicos por militantes no es solo una cuestión de cargos; es una degradación intencional del capital intelectual del Estado. Un militante no denuncia a otro; no piensa que el dinero que gasta cuesta al contribuyente; no trepida un instante en incorporar más militantes inútiles.
En un mundo complejo, la lealtad política es un pésimo sustituto de la capacidad técnica, especialmente cuando se deben gestionar infraestructuras críticas.
La compra de la estancia «María Dolores» por 32 millones de dólares es un ejemplo nítido de extraer los recursos de una unidad productiva eficiente, priorizando un acto simbólico-patrimonial en homenaje del poder a un liderazgo de izquierda.
Es el uso del erario público para construir narrativa, no valor económico.
La Ruptura de Contratos y la Inseguridad Jurídica
La anulación o reformulación ilícita y forzada del proyecto de agua para que «todo quede en el Estado» es un movimiento de manual. Se rechaza el financiamiento privado (riesgo compartido) para cargar todo el costo y la gestión operativa al contribuyente. Dinero manejable; resultado deficitario económico y social.
No solo tensiona las cuentas públicas, sino que envía una señal de alerta a cualquier inversor: en este nuevo marco, los contratos son contingentes a la ideología del gobierno de turno.
La selección de proveedores (como la patrulleras) bajo criterios de afinidad política en lugar de especificaciones técnicas y costo-beneficio, debilita la posición estratégica del país y lo ata a intereses geopolíticos ideológicos, que presagia demandas millonarias a futuro.
Un gobierno de izquierda que cuenta con una mayoría casi absoluta, utiliza al límite la ingenuidad de la oposición, y los frenos institucionales tradicionales (como el Parlamento o el Tribunal de Cuentas) desbordados por la «legitimidad de las urnas».
Impunemente multiplica déficit de un malhadado sistema integral de salud, diseñado por su ideólogo de izquierda (el no titulado Olesker) sin hesitar que colapse la atención de salud.
Como en la época de la mal llamada “revolución bolchevique” hay corporaciones interesadas en impulsar gobiernos de izquierda pensando en obtener rédito, y abusar de privilegios concedidos desde el poder.
Un punto central de la economía política y la teoría de la captura del Estado, se produce cuando ciertos actores económicos no buscan necesariamente impulsar la economía desde el libre mercado, sino por la estabilidad o el privilegio que les puede otorgar un régimen fuertemente regulado o incluso autoritario.
Históricamente, este fenómeno se ha analizado desde varias perspectivas que explican por qué una corporación podría «financiar su propia soga».
Mienten deliberadamente para que los voten, y nos quejamos del grosero incumplimiento de la izquierda.
Ideología y gestión estatal.
Militancia versus técnica.
Estado, gasto y poder.
Este análisis forma parte del eje temático de Orden Global y Geopolítica