Citizens waiting outside an empty public office with unattended service counters, symbolizing bureaucratic paralysis and loss of real freedom.

La libertad también se destruye por ingobernabilidad

Cuando el dogma reemplaza al método democrático, el Estado queda atrapado entre la parálisis, el mesianismo político y la pérdida de libertad real.

EL BLOQUEO A LA GOBERNANZA DESTRUYE LA LIBERTAD
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

La corporación del bloqueo y el síntoma del mesianismo estéril
El paisaje político contemporáneo se ha transformado en un teatro de sombras donde la gestión pública ya no se mide por sus resultados tangibles, sino por la pureza de sus liturgias ideológicas.
Vivimos en la era de la polarización abstracta. Una puesta en escena permanente donde dos facciones minoritarias, pero ruidosas, han secuestrado la conversación pública: de un lado, el estatismo furibundo, que concibe al aparato público como un botín de facción y un fin en sí mismo; del otro, un liberalismo radical, dogmático, que confunde la necesaria reforma institucional con una pulsión de demolición total.
Esta colisión no es gratuita.
Tiene un costo directo sobre la arquitectura institucional y, fundamentalmente, sobre el funcionamiento cotidiano de los gobiernos.
La política ha dejado de ser el arte de lo posible —o la técnica de administrar lo escaso— para convertirse en una guerra de trincheras morales.
En ese barro, el pragmatismo técnico y la seguridad jurídica son las primeras víctimas.
El péndulo de las trincheras
Para entender el entorpecimiento del Estado hay que mirar la dinámica del péndulo. Los gobiernos requieren, por definición, un alto grado de continuidad subyacente.
La construcción de infraestructura, la modernización de los sistemas de control fiscal, la reforma educativa o la estabilización macroeconómica no maduran en un mandato de cinco años; exigen acuerdos intertemporales.
Sin embargo, la lógica de la polarización extrema impone un «traumatismo de diseño» constante.
Mirémoslo de cerca.
El estatista furibundo opera bajo una premisa casi mística: el éxito de una gestión se evalúa por el tamaño de su organigrama y el volumen del gasto público.
No importa si los ministerios duplican funciones o si las empresas públicas son agujeros negros de ineficiencia; para esta visión, cualquier intento de racionalización o auditoría es denunciado como un atentado contra el «rol social del Estado».
El gasto no es una herramienta contracíclica ni un mecanismo de equidad; es la métrica de su propia moralidad.
En la vereda opuesta, el liberalismo radical comete un error de simetría inversa.
Su aproximación a la res pública no es la de un cirujano que busca extirpar la grasa improductiva para salvar el órgano, sino la de un demoledor que asume que el Estado es un enemigo conceptual intrínsecamente perverso.
Al abordar la gestión con esa premisa de tabula rasa, desprecian la burocracia profesional, desmantelan agencias de control indispensables y confunden la desregulación inteligente con la anarquía normativa.
El resultado es un péndulo violento. Lo que una administración construye, la siguiente lo refundacionaliza.
Las reglas de juego cambian a la velocidad de un tuit, destruyendo la previsibilidad. Ningún inversor, nacional o extranjero, arriesga capital en un país donde la propiedad, los contratos y los marcos regulatorios dependen del humor dogmático del gobernante de turno. La gestión básica se transforma en una tarea de supervivencia.
El dogma contra el dato
Hay un segundo factor que paraliza las administraciones modernas: la sustitución de la evidencia empírica por el sesgo de confirmación.
Hoy la tecnología ofrece herramientas de una potencia inédita para transparentar la gestión. La digitalización, los sistemas de auditoría automatizada mediante inteligencia artificial o la trazabilidad de fondos públicos permitirían optimizar el Estado, reduciendo el gasto político superfluo sin desproteger a los vulnerables.
Pero el dogma es refractario al dato.
Cuando una auditoría técnica demuestra que un programa social está siendo malversado o que un subsidio corporativo es ineficiente, el estatismo radical bloquea la reforma alegando razones de soberanía o justicia social. Prefieren proteger el corporativismo amigo antes que aceptar la verdad del balance.
El liberal radical, por su parte, cae en su propia trampa cognitiva.
Si el diseño técnico demuestra que para el correcto funcionamiento de un mercado abierto se requiere una agencia reguladora fuerte y transparente que evite los monopolios y garantice la competencia, el dogmático la rechaza de plano.
Para él, toda regulación es «intervencionismo», prefiriendo la opacidad del desorden a la eficiencia de la norma.
Así, la modernización del Estado queda atrapada en una pinza ideológica: uno no quiere auditar por miedo a perder poder; el otro no quiere regular por miedo a contaminar su pureza teórica.
El vacío y la hora de los alquimistas
La consecuencia inevitable de este bloqueo es la parálisis legislativa.
En cualquier república digna de ese nombre, el presupuesto y las leyes estructurales requieren negociación.
Pero en el ecosistema de la polarización, la transacción es vista como pecado.
Ceder un ápice en una comisión parlamentaria para destrabar una ley es interpretado por las propias bases como una traición al dogma.
Los políticos prefieren el aplauso de su minoría intensa en las redes sociales y en las encuestas antes que el éxito de una ley aprobada por consenso.
Es precisamente en este punto muerto, donde las instituciones tradicionales se muestran estériles para resolver un país caro e ineficiente, la inseguridad, la pobreza o el deterioro de los servicios públicos, donde se produce el quiebre de la representación.
La sociedad civil, agotada de una clase política que gasta su energía en debates bizantinos mientras la realidad se degrada, empieza a experimentar una profunda fatiga institucional.
Es la hora de los outsiders.
El outsider no es una causa; es el síntoma de una disfunción.
Surge como el emergente natural de un sistema que dejó de sintonizar con la demanda ciudadana.
Su fisonomía es conocida: se presenta como un cirujano ajeno al cuerpo político, incontaminado, cuya principal credencial es la impugnación total.
No promete administrar mejor; promete destruir el templo.
A primera vista, su discurso ofrece la ilusión de la acción.
Frente a la complejidad de las reformas fiscales o la sutileza del equilibrio de poderes, el outsider simplifica.
Ofrece soluciones mágicas, consignas de shock y una retórica mesiánica que canaliza el enojo de la calle.
La ciudadanía, frustrada por años de inacción parlamentaria, se entrega a la promesa del líder fuerte que avanzará «con o sin las instituciones».
La trampa de la ingobernabilidad
Sin embargo, la historia reciente demuestra que estos fenómenos suelen carecer de una alternativa positiva real y terminan devorados por la misma parálisis que prometieron combatir.
Es lo que podemos denominar la trampa del freno a la gobernanza.
El outsider se convierte en decisor y freno, nada le viene bien.
No se puede definir como estatista porque criticó el estatismo radicalmente; no se puede afiliar al liberalismo porque ha marcado a fuego sus desvíos y expuesto sus humanas debilidades.
Condena a la orfandad legislativa.
El outsider llega al poder en ancas de una ola de opinión pública, pero sin estructura partidaria robusta.
Se encuentra con una arquitectura discursiva fragmentada y hostil.
En una democracia republicana, este escenario exigiría una destreza superior para tejer coaliciones, negociar partidas y construir mayorías circunstanciales.
Pero el outsider está preso de su propia narrativa: si negocias con el Parlamento, te conviertes en lo que prometiste destruir.
El conflicto permanente sustituye a la coalición, y el proceso legislativo se clausura.
El laberinto republicano
Al final del camino, el panorama es desolador.
La maquinaria estatal sigue funcionando por inercia, pero el rumbo se pierde en el ruido de fondo de una pelea tuitera.
El gran desafío de las repúblicas modernas no es resolver la tensión histórica entre el mercado y el Estado; esa discusión es legítima y saludable.
El verdadero drama es la pérdida del método democrático: la capacidad de procesar el disenso mediante normas claras, respeto a los contrapesos y una dosis mínima de pragmatismo técnico.
Mientras las facciones extremas sigan prefiriendo la pureza del dogma al éxito de la gestión, y mientras la sociedad siga buscando la salvación en la magia de los conversos, los gobiernos seguirán marchando hacia la parálisis.
Y en ese laberinto, la que termina perdiendo es la libertad real de los ciudadanos.

Dogma y parálisis
Estado y método
Outsiders y libertad

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