La liturgia de la gratuidad: el verdadero costo de lo que el Estado dice regalar

Nada es realmente gratuito.
Cuando el Estado oculta el costo de los servicios mediante impuestos, inflación y deuda, transforma la dependencia en una herramienta permanente de poder político.

LA LITURGIA DE LA GRATUIDAD
Ese milagro que solo existe en el bolsillo ajeno
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Estamos inmersos en una era de prodigios.
En este rincón del mundo, parece que el Estado ha logrado resolver el arcano más antiguo de la humanidad: la cuadratura del círculo.
Se nos dice, con la solemnidad de un obispo medieval anunciando una reliquia, que el transporte, la educación, la salud, la seguridad y hasta la energía para la calefacción del invierno son cuasi «gratuitos».
Es una versión moderna de la multiplicación de los panes y los peces; solo que, en lugar de un milagro divino, tenemos un decreto ministerial y, en lugar de fe, tenemos una planilla Excel que no cuadra, pero oramos para que divinamente desaparezca.
Es una lástima que Friedrich Hayek no esté hoy aquí para tomarse un café con nuestros gestores públicos. Probablemente, tras escuchar la palabra «gratuito» por quinta vez en un discurso oficial, habría dejado caer su taza por puro estupor analítico.
Para el político que llega al gobierno, la «gratuidad» plena o el subsidio son herramientas de marketing.
¿Por qué cobrar por un servicio cuando se puede decir que es un derecho regalado por la magnanimidad del gobernante de turno?
Hayek, en su lúcida advertencia sobre “Los fundamentos de la libertad”, nos recordaría que esta «generosidad» estatal no es más que una forma de servidumbre disfrazada de progresismo.
Al declarar que algo es gratuito, el Estado no elimina el costo; simplemente lo oculta bajo una alfombra de impuestos, inflación y deuda.
Pero hay un capítulo aún más sórdido en esta narrativa: las prestaciones a la pobreza. Aquí, la ironía roza la crueldad.
El Estado, incapaz de proponer una alternativa que genere empleo real, inversión o desarrollo —incapaz de permitir que la gente sea dueña de su destino—, se ha convertido en un gestor de la indigencia perpetua.
Estos “subsidios” que regalan plata no son políticas de superación; son el certificado de defunción de la libertad individual.
La admisión cínica de que, tras décadas de asfixia impositiva y trabas burocráticas, el gobierno ha logrado achicar tanto el horizonte laboral de la gente que ahora la tiene mendigando por las mismas migajas que antes les fueron confiscadas.
Es la admisión tácita de que el gobierno ha destruido la capacidad de progreso de los individuos y ahora, como una suerte de redención hipócrita, les devuelve lo que él mismo les confiscó.
Pero si además el Estado se dedica a comprar voluntades mediante subsidios en lugar de fomentar la creación de valor, no solo oculta el costo del asistencialismo, mata la dignidad del ciudadano expulsado de la sociedad.
Es el mecanismo perfecto para convertir al ciudadano en cliente y al necesitado en rehén.
Al mantener a una parte de la población bajo la dependencia de estas «prestaciones», el Estado no busca resolver la pobreza; la gestiona, la estatiza y, lo que es peor, la utiliza como un arma política.
Mientras los políticos y los burócratas mantienen su salario y sus prebendas seguras, se pavonean con sus políticas de «inclusión».
La realidad es que están condenando a los “beneficiarios” a una situación miserable, impidiéndoles acceder a la movilidad social que solo el desarrollo del sector privado puede proveer.
Hayek nos enseñó que la planificación centralizada —incluyendo la planificación de la pobreza— es la ruta hacia la servidumbre.
Nos advertiría que el sistema de precios ha sido sustituido por un sistema de arbitrio.
Cuando el Estado declara que un servicio es gratuito, simplemente está destruyendo la información necesaria para que la economía funcione.
Al engañar con el precio que cuesta cada servicio, eliminamos la señal. Condenamos a la sociedad a un laberinto de ineficiencia donde la demanda siempre supera a la oferta, y la calidad se degrada hasta el abismo.
Lo más irónico es ver a los defensores de este sistema rasgarse las vestiduras cuando la inflación —ese impuesto invisible que nadie votó pero que todos pagamos— comienza a devorar el poder de compra de los propios subsidios que ellos reparten.
Es la parte que van mordiendo con más impuestos que nunca alcanzan para abastecer “gratuitamente” esas supuestas dádivas del político “generoso” y “sensible”.
Es un banquete donde el mozo te cobra la cuenta antes de servirte el primer plato, pero te convence de que el restaurante es un centro de beneficencia; mientras tu bolsillo se vacía para alimentar una maquinaria que solo sabe producir burocracia.
Es hora de abandonar este catecismo del «todo gratis». La pretensión de conocimiento —creer que unos pocos en el gobierno saben mejor que el que paga cómo atender la miseria— es el camino al desastre.
Si realmente queremos una sociedad libre, debemos reconocer que, lo que el Estado nos «regala» es, en realidad, un servicio que pagamos caro, y que, por falta de competencia y exposición del daño colectivo, se ha transformado en un sistema de dependencia, diseñado para ocultar la incapacidad absoluta de quienes nos gobiernan para proponer una sola alternativa real de ascenso económico y social.
En lugar de aplaudir el próximo anuncio de un «nuevo plan de asistencia», deberíamos preguntar: «¿Por qué se han empeñado tanto en destruir las condiciones necesarias para que ya no necesitemos de su limosna?».
Hacer esa pregunta sería romper el encanto de la liturgia, y en este teatro de la política, lo último que se permite es la honestidad contable y la creación de empleo genuino.
Es una trampa perfectamente diseñada. Mantener a una parte de la población en la dependencia es la forma más barata de comprar paz social y lealtades políticas.
No buscan solucionar la pobreza; la administran, la estatizan y la utilizan como escudo frente a cualquier intento de reforma.
Mientras los burócratas celebran sus «planes de inclusión», la realidad es que están condenando al beneficiario a un cepo de estancamiento.
Es hora de romper el encanto de esta liturgia mediante una transparencia radical. La tecnología debe ser nuestra herramienta de autodefensa.
En el segundo cuarto del siglo XXI una auditoría digital de los subsidios es: un faro que exponga, con datos fríos e inmutables, la verdadera escala del daño.
Que cada ciudadano pueda visualizar, en un mapa de realidad, cómo se drenan los recursos hacia un pozo negro de ineficiencia clientelar, que podrían financiar en el sector privado empleo.
Imaginemos agentes digitales —fiscales de bolsillo— que nos informen, en tiempo real, cuánto de nuestro trabajo se destina a financiar planes en la destruida educación pública, y del costo de los pocos graduados del nivel terciario que perpetúan la miseria.
Necesitamos indicadores de salida, queremos resultados, no discursos. Que la ciudadanía entienda que, cuando el gobierno presume de «asistir», en realidad está ocultando su incapacidad para gobernar y administrar prioridades.
Es momento de dejar de ser los feligreses de la gratuidad estatal para convertirnos en los auditores de nuestra propia libertad.
Ya no debe tratarse de quién reparte mejor la escasez, sino de quién tiene el coraje de quitarle al Estado el control sobre nuestras vidas.
La pregunta no es cuánto más nos va a dar el Estado, sino por qué nos hemos empeñado en destruir las condiciones necesarias para que ya no necesitemos de su limosna.
Romper este encantamiento es el primer paso para, de una vez por todas, recuperar nuestra soberanía.

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