La verdadera discusión no es cuánto recauda el Estado, sino cuánto crecimiento destruye un sistema tributario que desalienta la producción, la inversión y el trabajo.
Uruguay ante el espejo de Laffer: el costo de un Estado que asfixia su propia base
Por el Dr. Nelson J. Mosco Castellano
Uruguay se enfrenta a una encrucijada estructural que no admite más dilaciones ni diagnósticos de superficie.
Año a año, el debate público suele concentrarse con obsesiva insistencia en el equilibrio de la caja fiscal del día a día, perdiendo de vista el panorama general: la sostenibilidad de largo plazo de nuestra economía y la alarmante pérdida de dinamismo del sector privado.
Para entender el verdadero alcance de este fenómeno, es imperativo convocar a la mesa un concepto económico tan clásico como subestimado en los pasillos de la burocracia política: la Curva de Laffer.
La premisa, formulada por el economista estadounidense Arthur Laffer, es de una lógica implacable.
Existe un punto de inflexión donde las tasas impositivas se vuelven tan elevadas que empiezan a destruir los incentivos para producir, invertir y trabajar.
Cruzada esa frontera, aumentar los impuestos no solo no recauda más, sino que contrae la base imponible y fomenta la informalidad.
Cuando miramos con detenimiento la estructura tributaria uruguaya, la conclusión es tan nítida como preocupante: nuestro país opera peligrosamente adentrado en la zona de rendimientos decrecientes de esa curva.
Uruguay exhibe una presión fiscal formal que oscila entre el 26% y el 28% del PIB.
A primera vista, la cifra podría parecer alineada con los promedios de la región o incluso por debajo de la OCDE.
Sin embargo, este es un análisis ciego a las economías de escala.
Para un mercado interno pequeño, con costos de funcionamiento estructuralmente elevados y tarifas energéticas y de combustibles que pesan como un ancla, sostener un aparato estatal de estas magnitudes exige alícuotas marginales que asfixian el tejido productivo.
El resultado no es siempre una caída nominal inmediata en las planillas de la recaudación, sino algo mucho más dañino: una fuga silenciosa y constante de potencial económico.
El síntoma más evidente de este agotamiento lo encontramos en el Impuesto al alor Agregado (IVA).
Con una tasa básica del 22%, Uruguay ostenta uno de los niveles de imposición al consumo más altos del continente.
El efecto «Laffer» aquí no es una abstracción teórica; se palpa en la realidad de nuestras fronteras.
Cuando la brecha impositiva con los vecinos se vuelve insostenible, el consumidor y el comerciante votan con los pies, empujando la actividad hacia la informalidad o el contrabando.
Una reducción estratégica y gradual del IVA no necesariamente desfinanciaría al Estado; al contrario, formalizaría transacciones, abarataría la vida de los ciudadanos y terminaría ensanchando la base de recaudación real.
En el ámbito de los ingresos personales, el panorama no es más alentador.
El diseño altamente progresivo del IRPF (Categoría II) y el IASS, que rápidamente escala hacia alícuotas marginales de hasta el 36%, funciona como un impuesto directo al talento y al esfuerzo extra.
En sectores clave de la economía del conocimiento —profesionales independientes, desarrolladores de software, consultores globales—, el desincentivo es inmediato.
Cuando un profesional calcula que una parte sustancial de su próximo peso ganado se destinará a financiar el gasto público, la respuesta racional del mercado es producir menos, adelantar el retiro o buscar jurisdicciones fiscalmente más competitivas.
Estamos castigando la productividad justo cuando más la necesitamos para dar el salto al desarrollo.
Quizás la confesión más flagrante de que el sistema ha superado su óptimo se encuentra en el diseño del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), fijado en un 25%.
El propio Estado uruguayo es consciente de que cobrar esa tasa de forma neta y uniforme congelaría la inversión privada a cero.
Para evitarlo, ha tenido que edificar un complejo andamiaje de parches y excepciones, que van desde los beneficios de la COMAP bajo la Ley de Inversiones hasta los regímenes de zonas francas.
Si bien estas herramientas han sido paracaídas indispensables para atraer capitales, también dejan en evidencia la inconsistencia del esquema general: el régimen común es inviable para competir en el mundo moderno.
El verdadero desafío de Uruguay no es cómo recaudar más exprimiendo los mismos limones, sino cómo volver a crecer a tasas altas y sostenidas.
Mantener el statu quo impositivo es condenar al país al estancamiento, validando un Estado con costos de primer mundo pero con una productividad severamente maniatada.
La evidencia sugiere que un shock de oferta, basado en una simplificación y reducción transversal de las alícuotas impositivas, es el camino para devolverle el oxígeno al sector privado.
El impacto inicial en las cuentas públicas debe ser contenido mediante un compromiso inquebrantable con la eficiencia y modernización del gasto público.
Solo ensanchando la base imponible a través de una economía pujante, formal y libre, lograremos una recaudación genuina y sostenible.
Es hora de entender que, a veces, en materia fiscal, menos es decididamente más.
Fiscalidad.
Competitividad.
Crecimiento.
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