Una discusión incómoda sobre justicia, memoria y poder en Chile, Argentina y Uruguay
LOS PRESOS POLÍTICOS
NO SÓLO SON LOS QUE HAY EN COREA DEL NORTE, TAMPOCO EN ALGÚN PAÍS AFRICANO DE DUDOSA LEGALIDAD, SÍ EN CAMBIO LOS HAY EN EL CONO SUR
Mientras el mundo observa con asombro y preocupación lo que sucede en el Medio Oriente y ahora en el Líbano, con Israel haciendo lo que quiere y comprometiendo ahí a Estados Unidos, y a su presidente Mr. Trump haciéndolo discutir por dicho asunto con sus verdaderos aliados, los miembros de la OTAN, descuidando los más trascendentes temas vinculados a Ucrania, Venezuela y Cuba (y esto nada tiene que ver ni siquiera con un mínimo apoyo a un régimen arcaico y brutal como el de los ayatollas, que conste), en el llamado Cono Sur de América, esto es, Chile, Argentina y Uruguay existen ese tipo de prisioneros, bajo una legalidad muy disfrazada de venganza.
Antes de la primera vuelta de elecciones en el país trasandino el candidato libertario Sr. Kaiser había afirmado que lo primero que haría en caso de resultar electo presidente sería ir al extremo sur del país donde se encuentran los detenidos para liberarlos casi que inmediatamente pero el triunfo fue para el Sr. Kast, bastante cercano en ideas pero del cual no se tiene conocimiento de que haya abordado el tema.
En Argentina, la vicepresidenta Sra. Villarroel estaba muy interesada por ese mismo problema aunque quizás su distanciamiento con el presidente Milei la haya complicado.
No obstante, parece que suena un rumor allende el Plata que señala o señalaría la intención del actual sucesor de Rivadavia de abordar de alguna forma la situación de los militares privados de libertad.
¿Y en Uruguay?
Se ha conocido hace algunos días una carta enviada a nuestro gobierno por parte de una treintena de miembros del Parlamento Europeo, reiterativa de otra mandada aproximadamente un mes antes, interesándose por lo que consideran una extraña situación: la prisión efectiva (la domiciliaria no es tan diferente al efecto de coartar libertades) de decenas de personas por sucesos ocurridos unos cincuenta años atrás, nada menos que medio siglo (¡!)
Tratando de hacernos una idea gráfica sería como si en 1954/55 existieran procesos por reales o supuestos delitos cometidos en la guerra civil de 1904. Algo impensable para un ser humano normal.
Que se sepa al menos, el gobierno no ha respondido. Y francamente es dudoso que lo haga, salvo alguna referencia genérica y lavada de que se trata de un tema judicial.
¿Sólo judicial?
¿Y de quién depende jerárquicamente la Fiscalía General de la Nación, que es la que acusa?
Pues del Poder Ejecutivo, quien por más inri pretende la creación de un Ministerio de Justicia.
Cosas de sudacas, dirán en Bruselas.