El dilema del péndulo trabado

Por qué el desorden fiscal sobrevive a los cambios de gobierno y cómo romper la inercia

EL DILEMA DEL PÉNDULO TRABADO
Por qué el desorden fiscal sobrevive a los cambios de gobierno y cómo romper la inercia
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

El diagnóstico está sobre la mesa: el desorden en el gasto público y la alteración constante de las prioridades del Estado erosionan el tejido social, destruyen la confianza institucional y asfixian el crecimiento.
El desorden en el gasto público derivado de la inestabilidad o el cambio constante en las prioridades políticas es uno de los temas centrales de la economía política y de la teoría del Estado.
Este fenómeno ocurre, por lo general, cuando los gobiernos abandonan las responsabilidades estructurales de largo plazo para responder a incentivos cortoplacistas (como ciclos electorales, presiones de grupos de interés o crisis coyunturales).
Autores fundamentales que han abordado este problema desde la perspectiva de las responsabilidades del Estado y la asignación ineficiente de los recursos como James M. Buchanan y Gordon Tullock.
Son los padres fundadores de la teoría de la elección pública. Analizan cómo los políticos y los partidos no buscan necesariamente el «interés general» o el bienestar social óptimo, sino maximizar sus propias probabilidades de reelección.
Sostienen que el cambio constante de prioridades en el gasto público responde a la necesidad de los gobernantes de complacer a grupos de presión específicos a corto plazo.
Esto destruye la disciplina fiscal y desdibuja las responsabilidades esenciales del Estado, transformando el presupuesto en una herramienta de intercambio político (clientelismo) en lugar de un instrumento de provisión de bienes públicos estables.
En el mismo sentido Friedrich A. Hayek ha sido un crítico acérrimo del intervencionismo estatal y defensor del orden espontáneo del mercado.
Hayek argumentaba que cuando el Estado expande arbitrariamente sus responsabilidades más allá de sus funciones mínimas (garantizar la ley, el orden y contratos básicos), se convierte en un agente caótico.
La mudanza constante de prioridades políticas en la economía genera lo que denominó la pérdida de las «reglas abstractas de conducta», haciendo que el gasto público sea impredecible, distorsione los precios relativos y arruine la coordinación económica general.

William A. Niskanen, en su libro “La Burocracia y el Presupuesto”, fue el creador de la teoría económica de la burocracia.
Analizó cómo los aparatos estatales maximizan sus presupuestos por encima de la eficiencia social.
Al cambiar las prioridades políticas de manera abrupta, las administraciones públicas rara vez reducen los presupuestos anteriores; simplemente añaden nuevas capas de gasto.
Esto genera un crecimiento caótico del Estado, duplicidad de funciones y una erosión de la responsabilidad institucional, ya que nadie asume el costo real de la expansión desordenada del gasto.
Mancur Olson, especialista en la acción colectiva y el declive de las naciones, estudió cómo las democracias estables se llenan de coaliciones distributivas (grupos de interés especiales) que presionan continuamente al Estado.
A medida que cambian los gobiernos o las alianzas políticas, las prioridades del gasto se reconfiguran para beneficiar a estos grupos particulares.
Esto genera un desorden estructural que sobrecarga las funciones del Estado y desvía los recursos de las responsabilidades macroeconómicas fundamentales hacia subsidios y privilegios sectoriales.
Sin embargo, el verdadero obstáculo no es comprender el problema teórico, sino ejecutar la solución.
Pedirle a la clase política que se autolimite es, en esencia, pedirle al zorro que cuide el gallinero.
La dinámica política de los últimos tiempos refleja con crudeza esta trampa institucional.
Tras largos periodos de expansión desordenada del gasto, despilfarro y opacidad, los intentos de la alternancia y las coaliciones por restaurar el orden fiscal chocan sistemáticamente contra la escasez de fuerza política y la pesada inercia del aparato estatal.
El resultado es un péndulo implacable: el desgaste y el descrédito abren la puerta a nuevas versiones de la vieja izquierda, más incompetentes y desconectadas de la realidad, que perpetúan el ciclo de estancamiento y generan un profundo rechazo en la opinión pública.
Este escenario plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo se rompe esta inercia cuando los propios agentes del desorden acumulativo controlan las palancas del poder?
Esperar que la clase política adopte por convicción propia un programa de austeridad y disciplina fiscal es un ejercicio estéril.
Los incentivos electorales premian el corto plazo: repartir subsidios, crear ministerios o satisfacer a coaliciones distributivas (gremios, corporaciones y grupos de presión) y por cierto, emparchar con dinero público problemas que se eternizan y cada vez cuestan más, rinde votos inmediatos, mientras que los costos del desorden fiscal se difieren en el tiempo.
Cuando una administración intenta enderezar el rumbo, se enfrenta a un Estado hipertrofiado que actúa como un bloque de resistencia corporativa que involucra por sus efectos también al Parlamento.
Así, el péndulo político gira una y otra vez, atrapando a la sociedad en una falsa dicotomía donde cambian las caras, pero la lógica del dispendio permanece intacta.
El sistema político actúa de acuerdo a sus intereses ignorando la debacle y ajustando sus privilegios, prebendas y corruptelas, comparándolas con el costo de los peores y más corruptos de su clase.

El sistema político por sí solo es incapaz de romper el ciclo, la historia y la teoría económica indican que las reformas profundas solo emergen cuando se activan contrapesos externos y estructurales:
La solución no es confiar en el gobernante de turno, sino atarle las manos mediante marcos legales rígidos.
Si el ordenamiento jurídico establece reglas de endeudamiento estrictas y penaliza severamente el desvío discrecional de fondos, el presupuesto deja de ser un botín político para convertirse en una obligación de cumplimiento inexcusable.
Frente a los grupos de interés concentrados que defienden sus privilegios con uñas y dientes, el único contrapeso efectivo es una opinión pública organizada.
La transparencia radical y las nuevas herramientas de auditoría ciudadana son indispensables para visibilizar el costo real que cada despilfarro político tiene en el bolsillo del contribuyente.
A menudo, la inercia solo se quiebra cuando el modelo actual se vuelve insostenible.
Cuando el peso del aparato estatal y la ineficiencia económica llegan a un punto de quiebre, el costo de no hacer nada supera finalmente al costo político de reformar, abriendo una ventana de oportunidad histórica para el cambio profundo.

Conclusión: hacia un nuevo pacto de responsabilidad
El descontento ciudadano que hoy reflejan las encuestas ante las administraciones ineficientes y la oposición inoperante, demuestra que la sociedad percibe el agotamiento de las viejas fórmulas.
No obstante, el «más o menos» que resume el sentimiento colectivo revela que el escepticismo sigue siendo alto.
Romper el péndulo del desorden no requiere simplemente ganar una elección, sino construir un bloque social e institucional capaz de blindar las prioridades del Estado frente a la demagogia.
Devolverle la armonía a la sociedad exige transformar la disciplina fiscal y la libertad económica en políticas de Estado permanentes, subordinando el apetito de la política a las verdaderas necesidades de la comunidad.
Pero, el orden macroeconómico es una condición necesaria pero no suficiente, la confianza que se pierde por el prontuario histórico demora en reconstituirse para que vuelva a ser el ahorro, la inversión, y el retorno del capital, la palanca de impulso de crecimiento que requiere la sociedad para iniciar el desarrollo.

Inercia del gasto público
Disciplina fiscal institucional
Contrapesos al poder político

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