El bienestar a crédito confiesa su fracaso

El reconocimiento del crecimiento como condición social revela el límite económico de la política distributiva.

La ilusión del bienestar a crédito: la capitulación socialista ante las leyes de la economía
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

La historia del pensamiento económico podría reducirse a la eterna lucha entre las leyes inmutables de la naturaleza de la acción humana y la terca arrogancia de los planificadores estatales que pretenden ignorarlas.
Recientemente, hemos asistido a una admisión extraordinaria por parte de la propia dirección económica de la matriz marxista gobernante: se ha afirmado, con aparente lucidez, que sin crecimiento económico es intrínsecamente imposible lograr una mejora social y económica.
Este reconocimiento, aunque pretendido como un axioma de pragmatismo político, no es otra cosa que una capitulación ideológica ante la teoría económica más elemental.
Es la confesión involuntaria de que el progreso y el ascenso social son absolutamente irrealizables si al individuo se le priva de la facultad de emprender, de educarse, de trabajar y, fundamentalmente, de acumular capital.
Sin embargo, la tragedia de la praxis socialista radica en que sus ejecutores son incapaces de actuar conforme a las verdades que sus propias bocas se ven obligadas a pronunciar.
Mientras el discurso oficial ensalza el crecimiento, la acción gubernamental del último año y medio lo estrangula.
En todos los niveles de la administración —desde los despachos ministeriales de la nación hasta las oficinas de los gobiernos departamentales— la receta aplicada ha sido la misma: expansión desenfrenada del gasto público, parálisis de la actividad productiva y un endeudamiento masivo que hipoteca el porvenir.
La prioridad lógica de la producción
Para el economista que no se deja cegar por la mística del estatismo, la premisa es meridiana: la riqueza debe ser creada antes de que pueda ser objeto de cualquier intento de distribución.
El capital no es un don de la naturaleza que brota espontáneamente del suelo, ni una variable macroeconómica que los burócratas puedan manipular a su antojo mediante decretos.
El capital es el resultado acumulado del ahorro pasado; es el fruto del sacrificio de individuos que optaron por posponer el consumo presente con la esperanza de generar un aparato productivo más eficiente para el mañana.
Cuando el ciudadano común estudia, trabaja y emprende, está valorando su futuro.
Si se le permite retener el excedente de su esfuerzo, ese capital se reinvierte de inmediato.
Se traduce en mejores herramientas, en tecnologías más avanzadas, en empleo genuino y en una mayor oferta de bienes.
Este es el único mecanismo real y sostenible de ascenso social.
La movilidad de las clases no se decreta en un ministerio; la causa el incremento de la productividad marginal del trabajo, la cual solo aumenta cuando el capital disponible por habitante es mayor.
El desorden fiscal y la confiscación del futuro
¿Qué ocurre, en cambio, cuando el Estado decide que su propia expansión es más urgente que el dinamismo privado?
Ocurre la asfixia sistemática de la sociedad civil.
El desorden en el gasto ministerial y departamental que hoy presenciamos no es un simple error de contabilidad; es la consecuencia inevitable de operar bajo una restricción presupuestaria blanda, donde el burócrata no arriesga su propio patrimonio y, por ende, carece de todo incentivo para la eficiencia y la moderación.
Al encontrarse ante el abismo del déficit que su propio despilfarro provoca, la casta política recurre al mecanismo más perverso y cobarde de la ingeniería financiera estatal: la contratación de deuda pública.
Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, debemos desmantelar la falacia de que la deuda es una fuente de recursos.
La deuda pública no es riqueza; es, por definición, un impuesto diferido.
Cada bono colocado por un ministerio, cada fideicomiso estructurado por una intendencia departamental para financiar gasto corriente, empleo público espurio o subsidios clientelares, representa una exacción legislada contra las generaciones venideras.
Los jóvenes del futuro sufrirán una mayor presión fiscal o la licuación de sus ingresos por la inflación, simplemente para sostener la fiesta estéril de la burocracia presente.
El efecto expulsión y la destrucción institucional
Este desorden financiero de doble nivel (nacional y local) genera un daño inmediato a través del fenómeno del desplazamiento o crowding out.
El Estado, al acudir a los mercados de crédito provisto de su poder coercitivo para recaudar, se convierte en un competidor desleal frente al sector privado.
Absorbe el ahorro disponible, eleva el costo del dinero y desvía los recursos de las actividades verdaderamente productivas hacia el sostenimiento de estructuras estatales improductivas.
El emprendedor que busca financiación para abrir una fábrica o el joven que desea adquirir un bien de capital descubren que el crédito ha sido confiscado por la voracidad fiscal.
Adicionalmente, la descentralización mal entendida incentiva el comportamiento del «gorrón» (free rider). Los gobiernos departamentales gastan con la certeza absoluta de que, ante una crisis inminente, el gobierno central o la estructura financiera común saldrán a rescatarlos para evitar un colapso institucional.
Se destruye así el principio de responsabilidad fiscal, barriendo sistemáticamente el polvo de la quiebra bajo la alfombra de la deuda soberana.
La ilusión fiscal y el camino hacia la libertad
¿Por qué tolera la ciudadanía semejante latrocinio institucional?
La respuesta se halla en la ilusión fiscal.
La burocracia es sumamente hábil para hacer visibles los supuestos beneficios del gasto presente —la inauguración de obras accesorias, el aumento de planillas estatales, las prebendas— mientras mantiene invisible el costo real, diluido en la masa de la deuda y postergado en el tiempo.
El ciudadano común percibe el aparente bienestar de hoy, pero no advierte que la base de su libertad económica está siendo demolida.
Los contrapesos políticos tradicionales han demostrado su total inocuidad; las instituciones deliberativas se han convertido en meros teatros de retórica partidaria donde no se cuestiona la legitimidad del gasto, sino únicamente quién habrá de administrarlo.
Si la sociedad desea apartarse del camino de la servidumbre y el estancamiento, debe comprender que la solución no radica en sustituir a unos administradores estatales por otros que prometan una «gestión más ordenada».
La solución exige una reforma institucional que introduzca límites infranqueables y de rango supremo al gasto y al endeudamiento, despojando por completo a la política de su facultad discrecional de confiscar el futuro.
Mientras el desorden burocrático pueda financiarse mediante el expediente fácil del crédito, el Estado continuará devorando a la sociedad civil, demostrando que no hay peor ciego que el gobernante que, reconociendo las leyes de la economía en su discurso, las viola sistemáticamente en su acción.

Crecimiento y producción.
Deuda pública.
Responsabilidad fiscal.

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