La coalición de los sensatos frente a los profetas del caos

Una defensa republicana del dato, la ley y la mayoría silenciosa frente al negocio político de la polarización.

LA COALICIÓN DE LOS SENSATOS
El imperio igualitario de la norma sobre el ideologismo
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

El desafío que enfrentan las democracias contemporáneas no es la discrepancia ideológica.
El conflicto de ideas es el motor de la república.
El verdadero peligro, el que amenaza con disolver el pacto social básico, es la irrupción de facciones que ya no buscan competir en el marco de la ley, sino imponer su verdad a sangre y fuego.
Son los apóstoles del pensamiento único, integristas de izquierda o de derecha que conciben la política como un acto de fe y al disidente como un hereje al que hay que exterminar políticamente.
No es lo que la gente vota: los extremos se tocan apenas difieren por uno o dos puntos.
Eso marca la polarización que ha desquiciado a las sociedades.
Frente a esa patología, el error más frecuente de la moderación es el intento de conversión.
Se gasta una energía infinita tratando de convencer al dogmático a través de la razón, olvidando que el fanatismo es refractario al argumento.
Al radical no se le convence; se le vacía de poder.
La construcción de un proyecto colectivo de país no pasa por ganar una discusión teórica en el barro de los extremos, sino por cambiar las reglas de juego para que la intransigencia deje de ser rentable.
Se trata de edificar una arquitectura institucional y cultural tan sólida que convierta al mesianismo en un ejercicio estéril.
La primera línea de defensa contra quien se cree poseedor de la única verdad es el frío rigor de la ley.
El fanatismo político siempre desconfía del hombre y confía únicamente en su intuición.
Cuando un candidato, blindado en su “pureza moral”, pretende avanzar sobre las libertades individuales o los derechos patrimoniales, el sistema republicano debe oponerle un diseño de contrapesos (checks and balances) inflexible.
Y hoy la tecnología lo hace inevitable.
La independencia del Poder Judicial y la autonomía de los órganos de control fiscal no son sutilezas técnicas para juristas; son los fusibles que evitan que el voltaje del fanatismo queme la convivencia.
Sin embargo, el blindaje institucional moderno exige dar un paso más hacia la descentralización del poder.
El estatismo furibundo y el mesianismo populista necesitan, por definición, un Estado centralizado, un botín concentrado en una capital desde donde digitar y exprimir la vida de los ciudadanos.
Cuando las competencias de decisión y, fundamentalmente, los recursos fiscales se dispersan hacia las autonomías locales y regionales, la captura del aparato público pierde eficacia.
En un país descentralizado, las comunidades locales retienen su capacidad de gestión y se transforman en laboratorios de pragmatismo.
Lo vemos explícitamente en la diferencia regional de calidad de vida cuando el ciudadano tiene cerca al gobernante.
Existe un territorio donde el dogmático se vuelve completamente inofensivo: el de la evidencia empírica.
La polarización extrema se alimenta de abstracciones, de debates morales sobre el “sexo de los ángeles” fiscales o el concepto de “justicia social”.
La respuesta metodológica es mudar la discusión desde el plano de las intenciones hacia el plano de los resultados.
Es la introducción de la neutralidad técnica en la gestión pública.
La tecnología actual ofrece herramientas de una transparencia disruptiva que las corporaciones políticas se resisten a adoptar.
La implementación de auditorías automatizadas, sistemas de control presupuestario basados en datos inalterables e institutos de evaluación de gestión de políticas públicas realizados por cuadros técnicos independientes actúan como un desinfectante luminoso.
Si un sistema tecnológico demuestra de manera irrebatible que un subsidio corporativo es un nido de corrupción o que un servicio estatal es ineficiente, caro e infiltrado de politiquería, el relato se desmorona.
El dato mata al relato.
Cuando la discusión pública se centra en métricas de eficiencia, transparencia y retorno social del dinero del contribuyente, el margen para la gesticulación dramática de los extremos se reduce al mínimo.
La democracia representativa tradicional está sufriendo una crisis de captura.
Los partidos políticos, colonizados por sus minorías más intensas y radicalizadas, han dejado de representar al ciudadano de a pie, aquel que trabaja, produce y exige soluciones concretas; aquel que paga la “fiesta”.
Luego son las minorías las que deciden si dejan gobernar.
Para romper este secuestro, es indispensable diseñar nuevos mecanismos de deliberación ciudadana que puenteen la intermediación de los “profesionales” del conflicto.
La evidencia de estas experiencias es fascinante: cuando al ciudadano común se le aísla del internismo partidario y de la toxicidad de las redes sociales, aflora un sentido común colectivo.
La gente normal no quiere la “guerra fría”; quiere que el transporte público llegue a tiempo, que el costo de vida sea pagable, y que la moneda no pierda valor.
Estas asambleas devuelven el poder a la mayoría silenciosa y aíslan a las cúpulas que viven del negocio de la división.
Para aislar a quienes pretenden imponerse por la fuerza, la sociedad civil debe recuperar su protagonismo a través de alianzas transversales.
Las fuerzas vivas del país no pueden seguir siendo espectadores pasivos del naufragio institucional.
Es necesaria una coalición del pragmatismo.
Un acuerdo sobre tres o cuatro reformas estructurales indispensables que actúe como un programa mínimo de supervivencia nacional independiente de quien gobierne.
Cuando los verdaderos generadores de riqueza y pensamiento se plantan sobre una agenda de sentido común, la clase política se ve obligada a pivotar hacia el centro.
Esta estrategia requiere, además, la aplicación de un «cordón sanitario» retórico por parte de los medios y los líderes de opinión.
No se trata de censurar el disenso, sino de dejar de alimentar el micrófono al espectáculo de la intransigencia.
Al detener la pérdida de tiempo de discutir la estridencia del fanático, se desmonetiza su capital político, obligando a los actores a competir en el terreno de la propuesta y la negociación jurídica.
A largo plazo, sin embargo, la única victoria definitiva sobre el autoritarismo es de carácter cultural y educativo.
La polarización y el mesianismo no germinan en el vacío; prosperan en sociedades atomizadas, culturalmente empobrecidas y alienadas por la inmediatez de sobrevivir.
La respuesta de fondo es un retorno enérgico a la tradición de la educación clásica y el pensamiento crítico.
Enseñar a dudar, a desconfiar de las soluciones mágicas y a entender que la complejidad de la vida social no se resuelve con un eslogan.
Es la pedagogía de la libertad responsable: la convicción profunda de que la convivencia pacífica, el respeto irrestricto a la propiedad del otro (que mañana puede ser la mía), a los contratos y a la opinión del prójimo no son muestras de debilidad, sino las mayores conquistas de la civilización.
El destino de las naciones libres no puede quedar en manos de quienes pretenden refundarlas cada mañana desde el resentimiento o la utopía destructiva.
El verdadero progreso es colectivo, acumulativo y profundamente republicano.
Se construye con la paciencia del derecho, la frialdad del dato y la firmeza de una sociedad que ha decidido, finalmente, dejar atrás a los profetas del caos para abrazar la eficiencia de la libertad de acción del individuo.

Ley contra fanatismo
Datos contra relato
Ciudadanía contra polarización

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