El costo oculto de gastar al margen de la Constitución

La regla fiscal puede ordenar el endeudamiento, pero no alcanza si el gasto público observado sigue debilitando la legalidad, la eficiencia y la confianza ciudadana.

EL COSTO OCULTO DE LAS VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN
Ineficiencia Institucional:
La trampa de no poder dejar de hacer siempre lo mismo
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano

Uruguay se enfrenta a un desafío que trasciende la coyuntura económica: la brecha entre la letra de nuestra Constitución y la práctica político-administrativa diaria.
A menudo centramos el debate en la Regla Fiscal —un avance institucional innegable del período anterior—, pero solemos pasar por alto que su éxito no depende solo del cumplimiento de los topes de endeudamiento, sino de la calidad y la legalidad del gasto que ese endeudamiento financia.
El gasto «inconstitucional» en nuestro país no es un fantasma; tiene nombre y apellido en los informes del Tribunal de Cuentas (TCR).
Se manifiesta principalmente a través de la figura de la reiteración del gasto, un mecanismo que permite a los ordenadores ignorar las observaciones de ilegalidad y seguir adelante.
Este «atajo» administrativo tiene un costo tangible que compromete nuestra sostenibilidad fiscal y, fundamentalmente, nuestro tejido social.
La Radiografía del Gasto Observado
Si analizamos pormenorizadamente los datos, el volumen de gastos que presentan vicios de legalidad (violaciones al Art. 211 constitucional o al TOCAF) es alarmante. En sectores críticos como los Ministerios, Gobiernos Departamentales y ciertos Servicios Descentralizados, la falta de disponibilidad presupuestaria o la omisión de licitaciones competitivas son moneda corriente.
Estimamos que, en un presupuesto nacional de aproximadamente US$ 20.000 millones, los gastos observados representan entre un 5% y un 8% del total ejecutado.
El 63% del gasto público está destinado a gastos de funcionamiento; 30,8% se destina a salarios, y apenas 6,2% a inversiones.
Cualquier empresa normal ya hubiera dado quiebra.
Si bien no todo gasto observado es dinero «tirado» (el servicio suele prestarse), la falta de competencia inherente a las compras directas injustificadas genera un sobrecosto de ineficiencia de al menos un 15%.
El Impacto en el Endeudamiento y el Sector Privado
La Regla Fiscal actual pone el foco en el nivel de endeudamiento neto. Uno de cada tres pesos que gasta el Estado va al pago de intereses de la deuda.
Por lo tanto, cada peso malgastado en un proceso administrativo viciado es un peso que el Estado debe salir a buscar al mercado financiero. Prestamistas que se hacen socios de cada trabajador, emprendedor, e inversor nacional.
Esta ineficiencia no es neutra; se financia con una presión impositiva que termina asfixiando al sector privado.
Esta asfixia se traduce en un círculo vicioso de consecuencias devastadoras:
Destrucción del Empleo Formal: Las empresas, asediadas por costos que no corresponden a servicios eficientes, ven limitada su capacidad de contratación de empleados y de inversión en desarrollo.
Evasión como Supervivencia: La informalidad y la evasión emergen no como una elección, sino como la única alternativa frente a una carga estatal que no devuelve valor. Por el contrario se transforma en una doble imposición para pagar a la vez que el servicio público inservible uno privado que lo sustituya.
La Desviación de Recursos y la Crisis Social
Lo más grave es que este drenaje de recursos —que estimamos en US$ 2.300 millones por periodo de gobierno entre ahorro directo e intereses de deuda evitados— deja al Estado sin herramientas para atender las verdaderas urgencias nacionales.
Cada dólar desperdiciado en un gasto observado por el TCR es un dólar que no llega para rescatar a los sectores sumidos en la pobreza estructural o para revertir un déficit educativo que hipoteca el futuro de los jóvenes.
El resultado de esta negligencia administrativa es una fractura social evidente: el aumento de la desviación hacia el delito y un crecimiento exponencial de la población carcelaria, que hoy sobrevive en condiciones inhumanas producto, precisamente, de esa falta de recursos estratégicos.
Hacia una Reforma de «Agencia» y Transparencia
Para que la Regla Fiscal sea verdaderamente efectiva, debemos blindar el gasto desde su origen.
Esto requiere una reforma constitucional que penalice vulnerar el límite para la discrecionalidad de la reiteración y abrace tecnologías de transparencia radical, como el blockchain o la auditoría mediante agentes de inteligencia artificial.
No podemos permitir que el ciudadano uruguayo siga pagando el carísimo «impuesto a la ineficiencia», que condena a toda la sociedad a vivir en la desesperación de cubrir las obligaciones impuestas por el sistema político desnaturalizado de lo que impone la Carta Magna.
El ajuste no debe ser sobre el bienestar de la gente, sino sobre los vicios de un sistema administrativo que se acostumbró a vivir al margen de su propia Constitución.
Cada vez que el soberano: la ciudadanía, fue consultado sobre el desborde político del gasto y el avasallamiento por el poder discrecional, respondió con sensatez. Luego sus decisiones fueron vulneradas, y se intenta repetir el plato.
Solo volviendo al contrato social que limita la veleidad del gobernante lograremos que el gasto público se restrinja a acciones de interés nacional, y el tope de endeudamiento deje de ser una meta de resistencia a la “generosidad” del prestamista, y pase a ser una plataforma de crecimiento sólido, humano y transparente.

Legalidad del gasto público
Regla fiscal insuficiente
Costo social de la ineficiencia

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