Retrato de una sociedad desbordada por la permisividad institucional, la impunidad burocrática y la ausencia de responsabilidad pública
**CRÓNICA DEL DESQUICIO IMPUNE**
**Retrato de una Sociedad Desbordada**
Por el Dr. Nelson Jorge Mosco Castellano
Hay una distancia abismal entre la teoría de la anomia, esquizofrenia social inducida y su manifestación cotidiana.
Cuando la permisividad institucional se convierte en el pulso predeterminado de un país, los hechos trágicos dejan de ser anomalías para transformarse en eslabones de una misma cadena.
Lo verdaderamente perturbador no es el delito aislado, sino la coartada burocrática que lo cobija: el sistema siempre cumple formalmente los protocolos, expide constancias de irreprochabilidad, pero los resultados son siempre fatales, los culpables se desvanecen en la nebulosa administrativa y los ciudadanos quedan a la intemperie.
El Uruguay reciente ofrece una galería escalofriante de esta esquizofrenia institucional, donde la tragedia se disuelve en excusas corporativas y tecnicismos.
**El protocolo como coartada y la impunidad de escritorio**
Los ejemplos se acumulan ante la pasividad de los resortes de control.
Ahí están los asaltos y robos de manual —como el escruche al BROU donde la gerencia general dictamina pomposamente que «se cumplieron todos los protocolos», a pesar de que las cámaras misteriosamente no funcionaron, los ladrones expusieron una torpeza titánica y el dinero acumulado que los estaba esperando jamás aparece, dejando a los responsables reales, que se supone corresponden a los delincuentes, apenas rozados por una falta menor.
O los episodios de violencia extrema que sacuden los ámbitos académicos, como el brutal atentado sufrido por una alumna en la propia Facultad de Medicina, donde el agresor contó con todas las facilidades de ingreso y circulación ante la ceguera preventiva de las estructuras que debieron custodiar el espacio común.
En donde hay baños compartidos que arriesgan a las estudiantes entrar en concierto con quienes extienden el diálogo en el retrete. Pero todo está controlado según el Decano.
**La parálisis por cobardía política y la demografía a contracorriente**
Cuando el daño económico y social asfixia al país —como en el extenso y extorsivo paro portuario que paraliza la producción nacional— nadie se atreve a ejercer la autoridad legítima ni a declarar la esencialidad de los servicios por el pánico reverencial a los costos corporativos o a la renuncia preventiva de un ministro.
En paralelo, mientras uno de los problemas nacionales más graves es la estrepitosa caída de la tasa de natalidad, las prioridades del Estado se invierten de forma esquizofrénica: desde la propia subsecretaría de Salud Pública se impulsa la flexibilización de las condiciones para el aborto local y turístico, alentando la contracción demográfica bajo el aplauso de la corrección política.
**El tráfico de influencias y el ambientalismo de cartón**
La porosidad ética se exhibe sin pudor en los escritorios del Estado remunerados al nivel de primer mundo y con contactos aviesos con el mismo.
El subsecretario de Ambiente expone las ventajas y bondades técnicas de un millonario proyecto inmobiliario para el cual, mágicamente, se desafectan y eliminan los Bañados de Carrasco de las áreas protegidas, omitiendo convenientemente que él mismo había actuado como asesor y apoderado del desarrollador privado involucrado.
El negocio particular se disfraza de progreso ecológico con membrete oficial.
**La corporación médica y la ligereza con la vida**
La degradación de la justicia disciplinaria brilla con crudeza en el ámbito de la salud: la rebaja de la suspensión de ejercicio a una anestesista condenada penalmente por homicidio transado con la Fiscalía, tras operar bajo los efectos de sustancias, provocando la muerte evitable de una joven médica (la pediatra Soledad Barrera).
Las corporaciones se protegen entre bambalinas, las sanciones se diluyen y el valor de la vida humana queda subordinado a los equilibrios políticos de la ministra de Salud.
**El adoctrinamiento y el traslado de culpas**
Mientras tanto, en las aulas se naturalizan las inclusiones de contenidos de adoctrinamiento ideológico y sexual ajenos a la formación sustantiva que pretendan quienes apenas tienen la “patria potestad”.
Mientras los ministros que debieran ser responsables de sus acciones y omisiones, peregrinan por los comités de base político-partidarios para echarle la culpa a la herencia de la oposición de su desastroso cumplimiento al programa; que Valcorba declaró inviable. Para luego, balbucear disculpas ensayadas al vituperado cuando el escándalo trasciende a la opinión pública.
Judicializan arbitrariamente a la Justicia, usada como herramienta de exterminio de quienes piensan diferente.
El tejido institucional se deshilacha porque se ha desterrado la responsabilidad individual y el decoro republicano.
El aparato estatal funciona solo como una maquinaria de autojustificación, blindando al burócrata inepto, mal intencionado, o corrupto para salvar al sistema político, y dejando al ciudadano desprotegido frente al atropello, mientras desde la cúspide se mira hacia otro lado; y se gobierna con la inacción constantemente vanamente justificada, como divisa.
Ante la evidencia inocultable de la decadencia, la falta de rumbo y la incapacidad absoluta de poner orden, resuenan las frases del presidente Yamandú Orsi para justificarse: **»Acá está faltando… lo que está faltando»** y **»son cosas que suceden»**.
Permisividad institucional
Impunidad burocrática
Responsabilidad republicana
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