La instalación de dispositivos en los accesos a la capital abre un debate sobre delincuencia, privacidad y los límites del poder estatal.
Decíamos en la nota anterior, que todo personaje sometido a exposición pública es sujeto de críticas.
Y también, que entre la crítica y la calumnia hay una sensible diferencia.
Las redes sociales proporcionan un amplio espacio para ambas modalidades.
En el caso de la decisión del ministro del Interior de colocar arcos de control vehicular a las entradas de Montevideo, llovieron las críticas.
Trataremos de analizar lo más objetivamente posible, aunque nadie está libre, esta polémica iniciativa.
El hecho es este: Ministerio del Interior anunció la instalación de 27 arcos digitales en los principales accesos a Montevideo como parte de un plan de seguridad.
El titular de esa Secretaría explicó de qué se trata y cuáles son los beneficios de este sistema.
Con estos instrumentos se podrá:
Registrar las matrículas de los vehículos.
Capturar imágenes de los rostros de los ocupantes.
Registrar información sobre el tránsito de ingreso y salida de la ciudad.
De acuerdo a lo expresado por el ministro, también podrán absorber información de los teléfonos celulares de sus ocupantes. Aunque sobre este aspecto no se detalló lo suficiente como para tener una idea de hasta dónde llega esa absorción.
La justificación de estas instalaciones es comprensible: generar un enorme banco de datos e identificar delincuentes.
Cualquiera que pase por esos arcos es captado por el sistema, que registra matrículas, rostros, y celulares.
Hasta ahí, se trataría de un aporte útil contra la delincuencia.
No obstante, existieron varias objeciones, planteadas por diversas organizaciones y personas.
A algunos les recuerda «1984». La médula de la novela de Orwell es el Estado controlador. Ese Estado omnipresente que no solo controla delitos, sino el pensamiento y la conducta política.
Y algo de esto parece compartirse con la distopía orwelliana.
Esa capacidad de conocer los desplazamientos de las personas tiene que tener límites claros.
Como instrumento para combatir la criminalidad, no hay duda que podría ser útil.
Ahora, usted piense que cada vez que entra o sale de Montevideo lo están registrando. A usted y a todos los que viajan con usted. Y que, además, pueden intervenir en sus celulares.
No sería raro que, si leyó 1984, esa situación lo pusiera nervioso.
Quienes lo critican advierten que una infraestructura de vigilancia creada para esos fines podría, en el futuro, utilizarse para otros propósitos.
Ese poder de saber todo el día, todos los días, vida y milagro de todas las personas, ¿no generará la tentación de usarlo con otros fines?
Por ejemplo, seguir opositores políticos, periodistas, manifestantes… ¿O como en aquella película de Schwarzenegger en que, integrante del Servicio Secreto, usaba los sistemas para seguir a su esposa?
Se supone que el Estado de derecho que rige en Uruguay ya generó el marco jurídico para circunscribir esas técnicas a sus fines concretos. ¿O no?
Porque no se trata de salir a vender el sofá después del adulterio.
Y todo esto parece un tanto intrusivo.
Desde la perspectiva de la privacidad, sí puede considerarse intrusivo, porque no se limita a registrar a personas sobre las que exista una sospecha fundada.
En cambio, capta datos de un gran número de ciudadanos que simplemente circulan por la vía pública.
Si además se emplea reconocimiento facial, el grado de intrusión aumenta, ya que ya no solo se identifica un vehículo, sino potencialmente a las personas que viajan en él.
Sin embargo, lo más grave sería el control de los celulares.
En contrario, se sostiene que circular por la vía pública no ofrece la misma privacidad que el ámbito doméstico;
Los partidos políticos no se han pronunciado sobre el tema.
El diputado nacionalista Diego Echeverría presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior exigiendo precisiones sobre distintos aspectos relacionados con la cuestión.
Además, según informa el sitio PuntaNews, «el legislador promovió una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) para conocer si ese organismo fue consultado antes del despliegue de estos sistemas».
Seguramente, en la Cámara de Representantes se aguardará con expectativa esos informes para dar comienzo al debate sobre el tema.
No es ocioso señalar que estos equipos, si es que pueden ingresar a los celulares de los particulares, solo existen en países como China.
Y esto hace pensar a algunas personas, si esta deriva hacia el Estado omnipresente, no será un término de la dialéctica marxista que apunte a una síntesis orwelliana.
Estaremos atentos al debate.
Vigilancia estatal y privacidad
Seguridad pública y límites jurídicos
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