La violencia que condenamos y la violencia que veneramos

Los Estados nacieron de las armas, consagraron a sus vencedores y todavía deciden qué violencia merece llamarse heroísmo y cuál debe llamarse crimen

Los Estados nacieron de las armas, consagraron a sus vencedores y todavía deciden qué violencia merece llamarse heroísmo y cuál debe llamarse crimen.
La civilización suele presentarse como la superación de la violencia.
Sin embargo, las sociedades no eliminaron la violencia.
La organizaron, la reglamentaron y establecieron quiénes podían ejercerla legítimamente.
Muchos países nacieron de guerras, conquistas, revoluciones o luchas por la independencia.
Quienes empuñaron las armas contra el poder establecido fueron posteriormente convertidos en libertadores, próceres y héroes nacionales.
Los mismos actos que en su tiempo podían considerarse insurrección, sedición o traición se transformaron, después de la victoria, en gestas fundacionales.
La violencia triunfante se convirtió en historia.
La violencia derrotada quedó convertida en delito.
No juzgamos la violencia solamente por el acto cometido.
También la juzgamos según quién la ejerce, contra quién, con qué propósito y desde qué relato.
Un hombre armado puede ser llamado asesino, soldado, guerrillero, terrorista, revolucionario o libertador.
Lo que cambia no es necesariamente el acto material.
Cambia la legitimidad atribuida a su causa.
En Uruguay, una parte muy influyente de la dirigencia política provino de una organización que decidió tomar las armas contra un gobierno democrático.
Muchos de sus integrantes se incorporaron posteriormente al sistema institucional y fueron elegidos legítimamente por la ciudadanía.
Su autoridad democrática no puede discutirse.
Pero permanece una contradicción moral que merece ser examinada.
Quienes consideraron legítimo empuñar armas para imponer un proyecto político deberían explicar por qué contemplan con sospecha que un ciudadano respetuoso de la ley pueda poseerlas para defender su propia vida.
Una persona puede abandonar la violencia, revisar sus convicciones y abrazar sinceramente la democracia.
Pero resulta difícil continuar reivindicando la violencia propia como una epopeya mientras se presenta toda capacidad defensiva del ciudadano como una amenaza para la convivencia.
Las armas no pueden ser liberadoras cuando están al servicio de nuestra causa y necesariamente peligrosas cuando permanecen en manos de los demás.

Cuando la fuerza sustituye a la razón
Las personas tampoco poseen la misma fuerza física.
Un joven robusto, un grupo numeroso o un individuo entrenado tienen una ventaja natural frente a una mujer, una persona mayor, alguien con una discapacidad o un ciudadano que se encuentra solo.
Esa superioridad corporal no les concede ninguna superioridad moral.
Pero puede permitirles imponer su voluntad.
El arma altera esa relación.
No convierte automáticamente al débil en vencedor.
Pero elimina la certeza del fuerte de que podrá dominarlo sin afrontar consecuencias.
En ese sentido, puede funcionar como una tecnología de igualación y disuasión.
Marko Kloos sostiene que el arma de fuego puede actuar como un instrumento civilizador porque obliga al físicamente superior a considerar la capacidad de respuesta de quien pretende someter.
La afirmación no debe aceptarse de manera absoluta.
Un arma no elimina la fuerza.
La redistribuye.
También puede aumentar la letalidad de una disputa, facilitar una reacción impulsiva o ser utilizada por quien inicia la agresión.
Pero esos peligros no anulan su función defensiva.
El mismo objeto puede servir para atacar, dominar, defender o disuadir.
La diferencia moral no reside solamente en el arma.
Reside, fundamentalmente, en la decisión de iniciar la violencia o emplearla para impedir una agresión.

El Estado que llega después
El Estado reclama para sí el monopolio de la fuerza legítima.
A cambio, promete proteger la vida, la libertad y los bienes de quienes renuncian a ejercerla por cuenta propia.
Pero la policía no puede estar presente en cada hogar, comercio, camino o calle.
En la mayoría de las agresiones, el Estado llega después.
Investiga lo ocurrido y procura castigar al responsable.
Para quien enfrenta una amenaza inmediata, esa intervención tardía puede resultar insuficiente.
Cuando el Estado restringe la capacidad defensiva del ciudadano sin poder protegerlo en el momento necesario, no elimina la violencia.
Puede estar devolviendo la ventaja al más joven, al más fuerte, al más numeroso o al que decidió actuar fuera de la ley.
El delincuente no abandona su arma porque una norma prohíba portarla.
Quien suele obedecer la prohibición es precisamente el ciudadano que ya respetaba la ley.
Por eso la discusión no debería reducirse a una sociedad armada contra una sociedad desarmada.
La verdadera cuestión consiste en determinar qué capacidad defensiva debe conservar una persona honesta cuando el Estado no puede garantizar su protección inmediata.
Tampoco se puede hablar seriamente de inseguridad contando todas las muertes como si expresaran el mismo fenómeno.
Toda muerte posee el mismo valor humano.
Pero no es igual morir como víctima circunstancial de una rapiña que hacerlo durante un enfrentamiento criminal o como consecuencia de una forma de vida sostenidamente vinculada con la violencia.
La forma de vivir configura un campo de riesgos.
Esto no significa que cada persona elija conscientemente su muerte ni que todas las víctimas sean responsables de lo ocurrido.
Significa que comprender la violencia exige examinar las trayectorias, decisiones y ambientes que preceden a cada desenlace.
Una sociedad que solamente cuenta cadáveres, pero evita preguntarse cómo vivían quienes murieron, renuncia a comprender aquello que pretende combatir.
No vivimos en sociedades que hayan superado la violencia.
Vivimos en sociedades que aprendieron a clasificarla.
Algunas violencias se convierten en heroísmo.
Otras se justifican como defensa del orden.
Otras se condenan como delitos.
La civilización no consiste en fingir que la fuerza ha desaparecido.
Consiste en impedir que la fuerza otorgue la razón.
Porque desarmar al agresor puede proteger a la sociedad.
Pero desarmar al débil sin poder protegerlo puede significar devolverle el poder al más fuerte.

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